DERECHO Y RAZÓN TEORÍA DEL GARANTISMO PENAL. LUIGI ...

3. EL PODER PUNITIVO ENTRE VERlFlCAClON V VALORACION
exclusión o de inadmisibilidad (no de los indicios sino) de las pruebas
en cuanto subjetivamente no fiables; los derechos de la defensa y la
paridad de poderes entre las partes en causa; la motivación pública de
la decisión mediante la explicación de todas las inferencias inductivas
que apoyan la conclusión dispositiva a partir de todos y sólo los
datos probatorios ritualmente recogidos en las actas del proceso; el
control de las decisiones mediante la pluralidad de los grados de juicio
activables por las partes insatisfechas; la separación institucional del
juez respecto de las partes en causa como tercero o imparcial y las co-
nexas garantías orgánicas de la independencia, la inamovilidad y la
predeterminación natural del juez, además de la de sus competencias.
De todas estas y de otras posibles garantías procesales hablaré
profusamente en el capítulo noveno. Aquí me interesa subrayar su dis-
tinta naturaleza -y su papel, por así decirlo, auxiliar- respecFo de
los tres órdenes de garantías que he llamado «epistemológicas». Estas,
al ser caracterizables como condiciones o criterios de justificación de
la inducción judicial, valen para cualquier tipo de proceso -sea acu-
satorio, inquisitivo o mixto- que aspire a caracterizarse como juris-
diccional o, en todo caso, corroborado por pruebas. Como dijo
Leibniz, «toda la forma de los procedimientos de justicia no es efec-
tivamente sino una especie de lógica aplicada a las cuestiones de de-
recho» x2. Esta especie de lógica es la lógica inductiva. Es, por tanto,
«lógicon antes que jurídico el valor normativo de los principios me-
todológicos de la necesidad de varias pruebas, de la posibilidad de
contraprueba y del valor dirimente de las contrapruebas o de las
contrahipótesis no desmentidas. Y no es necesaria, aunque sería fuer-
temente deseable, su explícita formulación legislativa. Si tampoco las
leyes procesales contuvieran ninguna regla o garantía normativa en
materia de formación de las pruebas, una decisión judicial que desa-
tendiese aquellos principios -condenando sin pruebas o en presencia
de contrapruebas, o sin desmentir hipótesis alternativas- sería igual-
mente inadmisible. Añado, por otra parte, que la «lógica» -entendi-
do este término como comprensivo también de la lógica inductiva-
no tiene sólo, en el proceso, el valor prescriptivo que tiene respecto de
cualquier actividad intelectual. Al menos en ordenamientos como el
nuestro, tiene también un valor jurídico, al haber sido recibidas sus re-
glas, siquiera sea genéricamente, por las leyes y por la jurisprudencia,
a través del principio del control en casación de la ilogicidad de los
procedimientos judicialesx3. De ahí se sigue que la violación de los cri-
terios que justifican la verificación inductiva es en todo caso una
causa de ilegitimidad, y no sólo de irracionalidad, de las decisiones in-
justificadas conforme a ellos.
A la inversa, las garantías procesales de carácter intrínsecamente
jurídico son aquellas reglas del juego judicial que disciplinan las acti-
vidades de los actores del proceso para prohibir el abuso y permitirles
de hecho, en condiciones de paridad, la búsqueda mediante ensayo y