DERECHO Y RAZÓN TEORÍA DEL GARANTISMO PENAL. LUIGI ...

I EPISTEMOLOGIA. LA RAZON EN EL DERECHO PENAL
mitación del arbitrio en otro caso a él conectado. La función especí-
fica de los principios generales es precisamente, en efecto, la de orien-
tar políticamente las decisiones y permitir su valoración y control
cada vez que la verdad procesal sea en todo o en parte indecidible. Se
puede incluso decir que un sistema penal es tanto más próximo al
modelo garantista del derecho penal mínimo cuanto más está en con-
diciones de expresar principios generales idóneos para servir como cri-
terios pragmáticos de aceptación o de repulsión de las decisiones en
las que se expresa el poder judicial, en particular de disposición. Y
puesto que los principios generales son construcciones doctrinales
elaboradas sobre normas o sistemas de normas 138, la riqueza de prin-
cipios de un ordenamiento está determinada no sólo por los valores de
justicia sustancial por él incorporados en el plano legal, sino también
por el trabajo científico y jurisprudencia1 realizado sobre él por los ju-
ristas.
Queda así completamente fundada la crítica a la idea de una per-
fecta neutralidad del juez y del jurista formulada durante los pasados
años, sobre todo en Italia, por los sectores progresistas de la cultura
jurídica. Aun cuando un sistema penal se adhiera normativamente al
modelo cognoscitivo y garantista -y veremos cuánto no lo hace el
italiano-, nunca es de hecho un sistema cerrado y siempre exige,
para su funcionamiento práctico, hétero-integraciones remitidas a la
autonomía y la discrecionalidad del intérprete. Al realizar las eleccio-
nes impuestas por estos espacios de discrecionalidad, el juez en parti-
cular nunca es neutral si por .neutralidad» no se entiende sólo su ho-
nestidad intelectual y su desinterés personal por los intereses concretos
en causa, sino una imposible ausencia de valoraciones o de carácter
político de las opciones y una ilusoria objetividad de los juicios de
valor. Y si las elecciones son inevitables, y tanto más discrecionales
cuanto más amplio es el poder judicial de disposición, es cuando
menos una condición de su control y autocontrol, si no cognoscitivo
al menos político y moral, que aquéllas sean conscientes, explícitas e
informadas en principios, en vez de acríticas, enmascaradas o en todo
caso arbitrarias.
El reconocimiento de los espacios existentes de poder dispositivo
y discrecional que vician la función judicial, la carga de argumentar
sus modos de ejercicio mediante principios y su exposición al control
público, así pues, no sólo no contradicen el modelo de derecho penal
mínimo, sino que forman parte integrante de él. El rechazo del ca-
rácter político del juicio es, en efecto, el fruto de un equívoco: con-
funde los espacios estructurales de arbitrio dejados abiertos en el or-
denamiento por la carencia de garantías con el débil remedio opuesto
frente a ellos. En realidad, lo que es ilegítimo, pues altera la jurisdic-
ción en sentido político-administrativo, es el poder de disposición
generado por el planteamiento sustancialista y decisionista del sistema
y no, sin duda, los argumentos políticos o sustancialistas con los que