DERECHO Y RAZÓN TEORÍA DEL GARANTISMO PENAL. LUIGI ...

12. EL SUBSISTEMA PENAL DE EXCEPC!ON
y automático, tanto de las penas como de los plazos de la prisión pre-
ventiva (art. 1 del mismo decreto ley); 4) las reducciones de pena y las
medidas de indulgencia durante la instrucción, incluso en relación con
la libertad personal, permitidas en medida ampliamente discrecional
por las normas sobre arrepentidos para los imputados que confiesan o
colaboran con la acusación (arts. 4-5 del susodicho decreto ley n. 304
de 29.5.1982); 5) el interrogatorio sin la presencia del abogado, figu-
ra extraña y entorpecedora en el tete a tete inquisitivo en que se con-
virtió entonces la relación entre interrogadores e imputados (art. 5 del
d.1. n. 59 de 21.3.1978): 6) las normas sobre el libre interrogatorio de
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los coimputados, sobre'la ácumulación o no de los procesos (arts. 2-3
y 9-11 de la ley n. 534 de 8.8 1977) y sobre los intercambios de in-
formaciones y expedientes entre las oficinas judiciales (art. 4 del d.1.
n. 59 de 21.3.1978), que han suprimido de hecho la autonomía de los
procesos singulares y el secreto sumaria1 entre jueces; 7) las normas
sobre la diferenciación en el tratamiento penal introducidas por la re-
forma penitenciaria y el establecimiento por vía administrativa de
las prisiones especiales.
Es difícil decir en qué medida estos medios, más allá de su dudosa
lenitimidad constitucional. han sido decisivos en la lucha contra el te-
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rrorismo y, después, contra la delincuencia mafiosa y camorrista.
Sobre esta cuestión nunca se acabará de discutir. Lo cierto es que su
acción conjunta ha transformado el proceso en una máquina con va-
rios brazos accionable contra el imputado y ha perturbado todas las
garantías clásicas: la estricta legalidad penal, que requiere la conexión
cierta de la pena con el delito cometido, y no con la calificación de la
acusación o de la defensa del imputado, y penas iguales para delitos
iguales; el principio de contradicción y, en general, el esquema trian-
gular del proceso, que exigen el antagonismo entre acusación y de-
fensa y la imparcialidad del juez; la presunción de inocencia y la co-
nexa carga de la prueba que pesa sobre la acusación, una y otra
convertidas en una genérica presunción de culpabilidad que de hecho
grava por igual a los arrepentidos y a los no arrepentidos.
3. Tercera fase: el derecho penal diferenciado. Estas heridas no han
cicatrizado. Han cambiado, más que las leyes, la cultura de los jueces,
consolidándose en las prácticas y en las deontologías profesionales. Y
puesto que las prácticas siempre están un escalón por debajo de la le-
galidad formal, por muy desarreglada que sea, el desprendimiento ju-
dicial de las garantías ha superado con mucho los estropicios legisla-
tivos, manifestándose con frecuencia en métodos de investigación y de
proceso contrarios a las propias leyes de excepción. A la excepción del
terrorismo, por otra parte, se han añadido en los años ochenta mu-
chas otras excepciones: la mafia, la camorra, el tráfico internacional
de drogas y de armas, la alta delincuencia económica y financiera, la
corrupción política y administrativa.