DERECHO Y RAZÓN TEORÍA DEL GARANTISMO PENAL. LUIGI ...

IV. FENOMENOLOGIA. LA FALTA DE EFECTIVIDAD DE LAS GARANTIAS
el estado de peligrosidad social. Al respecto el art. 208 c.p. dispone
que .transcurrido el período mínimo de duración establecido por la
ley para cada medida de seguridad» (o incluso antes, gracias a la citada
sentencia n. 110 de 1974 de la Corte constitucional), el juez de
vigilancia «volverá a examinar las condiciones de la persona sometida
a ella, para establecer si sigue siendo socialmente peligrosa. Cuando la
persona resultare todavía peligrosa, el juez fijará un nuevo término
para un examen ulterior*. De este modo, en virtud de este mecanismo,
una persona que ya habría expiado incluso la pena impuesta
puede permanecer indefinidamente internada en un establecimiento de
medidas de seguridad, a discreción del juez.
La duración indeterminada, en ocasiones, se traduce en una especie
de segregación de por vida para los internados en hospitales psiquiátricos,
cárceles-hospitales u hospitales-cárceles donde se consuma
una doble violencia institucional -cárcel más manicomio- v donde
se consumen, olvidados por el mundo, además de los absueítos por
enfermedad mental (art. 222.1 y 2), los condenados a pena suspendida
(art. 222.3) y los acusados caídos en enajenación a la espera de
juicio después de cometido el delito (art. 71 c.p.p.). La Corte constitucional,
en sentencia n. 146 de 19.6.1975, ha declarado la inconstitucionalidad
del art. 148 c.p. que establecía, para los presos caídos en
enajenación durante la ejecución de la pena, la suspensión de la pena
privativa de libertad y el internamiento en manicomio judicial hasta el
cese de la enfermedad mental (porque, según decía la exposición de
motivos del código, no son ya capaces de ((sentir los efectos aflictivos
y correccionales de la pena»). Pero nada ha dicho de los condenados
a pena suspendida, del art. 222.3 c.p., para los que la ejecución de la
pena se difiere al (eventual) cese de la enfermedad mental, ni de los detenidos
que se enajenan en la cárcel durante el juicio. En estos casos
-según dispone el nuevo código de procedimiento, reformando sólo
en parte el denostado art. 88 del viejo código Rocco- se debe suspender
el juicio a causa de su incapacidad sobrevenida de entender y
querer (art. 71), para reanudarlo sólo cuando sobre la base de «exámenes
periciales*, que el juez dispondrá cada seis meses (art. 72.1) o
de pruebas idóneas para justificar la absolución, que el juez debe seguir
practicando (arts. 70 y 71.4), «resulte que el estado mental del
imputado no permita la participación consciente en el procedimiento
o que, respecto al imputado, deba dictarse resolución absolutoria o de
no haber lugar " a ~rocedern (art. 72) 18.
L
El fascismo introdujo estos horrores, justificándolos, además de
con la conveniencia de impedir la promiscuidad entre locos comunes
y locos delincuentes en los manicomios ordinarios, como instrumentos
.para la represión y la curación* de los condenados enfermos
mentales: curación represiva o represión terapéutica, cuya naturaleza
«científica. queda ilustrada, con la acostumbrada brutalidad, en la
exposición de motivos del código por el ministro Rocco. Los castigos