DERECHO Y RAZÓN TEORÍA DEL GARANTISMO PENAL. LUIGI ...

III. TEORIA. LAS RAZONES DEL DERECHO PENA1
plicitará con la misma claridad la prohibición de avocación, eludida
por el ejercicio discrecional del poder de distribución de las causas por
parte de los jefes de los órganos judiciales, sólo parcialmente ate-
nuado por la adopción -primero de hecho en muchos tribunales y
después de forma general, conforme al art. 4 de las nuevas normas
sobre adecuación del ordenamiento judicial, destinadas a entrar en
vigor con el nuevo código de procedimiento- de *criterios objetivos
y predeterminados, establecidos de forma general por el Consejo
Superior de la Magistratura y aprobados al mismo tiempo que la
composición de las salas*.
El principio del juez natural, por el contrario, impone que sea la
ley la que predetermine tales criterios de forma rígida y vinculante, de
modo que resulte excluida cualquier elección post factum del juez o
tribunal a quien le sean confiadas las causas; y exige además que tal
predeterminación afecte también a los órganos del ministerio público,
para que tampoco las funciones de acusación puedan ser manipuladas
o de cualquier forma condicionadas por órganos extraños al proceso.
Diría incluso que, superado totalmente el poder de comisión en el que
se manifestaba históricamente la injerencia regia en la administración
de justicia, el problema del juez natural hoy guarda relación esencial-
mente con el poder de avocación, es decir, con el peligro de condi-
cionamientos previos de los procesos a través de la designación desde
arriba de los magistrados competentes para su conocimiento, sean jue-
ces o fiscales; y que el único modo de dar pleno cumplimiento al
principio sería la preconstitución legal de criterios objetivos de deter-
minación de la competencia de cada magistrado, y no sólo de los
órganos a los que pertenecen 232.
Por lo que se refiere a la naturaleza de los criterios predetermina-
dos -cuestión ésta ciertamente secundaria, respecto a la de su pre-
constitución legal-, parece evidente que mientras los criterios de
competencia de cada magistrado en particular, al estar encaminados
únicamente a permitir la distribución automática de los procesos,
deben ser puramente formales (sorteo, orden alfabético, sucesión cro-
nológica de las causas y similares), los criterios de competencia de los
órganos, como justificados por el objeto del juicio, tienen un carácter
bastante más sustancial. Una vez que han perdido vigencia las discri-
minaciones premodernas de los fueros según las condiciones perso-
nales de los justiciables, estos criterios sustanciales son en la actuali-
dad de dos tipos: intrínsecos, o por razón de la materia, y extrínsecos,
o por razón del territorio.
El criterio de la materia, que es inevitable y cierto cuando dis-
crimina a partir de la distribución en grandes áreas por disciplinas
-civil, penal, O también mercantil, concursal, etc.- se hace más in-
justificado e incierto cuando diferencia las competencias según la
gravedad de los delitos o la medida de las penas, pues, en efecto,
esta diferenciación, mientras crea el riesgo de favorecer la formación