DERECHO Y RAZÓN TEORÍA DEL GARANTISMO PENAL. LUIGI ...

10. EL SUBSISTEMA PENAL ORDINARIO
366, 416, 431, 466); 11) la configuración del objeto de la prueba
como «hechos» (arts. 187, 194.1, 211 y 218) y, en particular, la
prohibición de que los testimonios puedan versar sobre «la moralidad
del imputado», «rumores públicos» o «apreciaciones personales,,
(art. 194.1 y 3) y no sobre «hechos concretos» (art. 194.3); m) la ne-
cesidad de que las declaraciones de los coimputados se complementen
con «otros elementos de prueba que confirmen su valor» (art. 129.3)
y de que, más en general, todos los indicios sean contrastados y sean,
además, .graves, precisos y concordantes* (art. 192), siguiendo el cri-
terio de pluralidad de comprobaciones per modus ponens; n) la obli-
gación del juez de «dar cuenta, en la motivación, de los resultados lo-
grados y de los criterios adoptados* (art. 192.1), lo que supone
explicitar todas las inferencias inductivas realizadas, así como los
criterios pragmáticos y sintácticos seguidos, incluidos los referidos a
las contrapruebas y a refutaciones per modus tollens; ñ) la supresión
del arresto y del juicio en audiencia del testigo sospechoso de falso tes-
timonio o reticente (art. 207); o) la publicidad de las actuaciones
base de la acusación así como de los autos una vez dictada la senten-
cia en primera instancia, y del expediente del ministerio fiscal después
de pronunciada la sentencia de apelación, además, obviamente, de los
debates en audiencia pública (arts. 114 y 471); p) la doble instancia y
la comprobación, en apelación, de la fundamentación de la prueba
practicada en la primera instancia (arts. 568 y 605); q) la absolución
libre no sólo «cuando falta* la prueba de la culpabilidad, sino tam-
bién, una vez suprimida la fórmula de la duda, cuando es «insuficiente
o contradictoria» (art. 530).
3. Las lesiones legales del modelo constitucional del proceso penal.
El legado de la emergencia. Es indiscutible que el nuevo código re-
presenta, en relación con la crisis de legitimidad a que había llegado la
jurisdicción penal bajo el anárquico régimen del viejo código procesal,
una relevante conquista, aunque no sea más que por la neta separa-
ción que introduce en la faceta acusadora entre juez y acusación y
entre jurisdicción y acción; y, con ello, por la redefinición de los pa-
peles procesales: por un lado la lucha contra el crimen y las tareas in-
vestigadoras confiadas a la policía y al ministerio público; por el
otro, el juez, tercero respecto a las partes a la hora de juzgar e im-
parcial a la de comprobar los hechos y las pruebas.
Dicho esto, los elogios con los que el nuevo código ha sido acogi-
do por los exponentes más autorizados de la doctrina procesalista 26
parecen decididamente excesivos. Debemos, en efecto, reconocer que,
en parte por razones extra codicem, pero en parte también por otras
inherentes al nuevo código, el sistema de garantías procesales diseña-
do por la Constitución, al igual que el de las garantías penales sobre el
delito y la pena, está condenado a una considerable ineficacia. Ante
todo, la nueva normativa se ha insertado en un sistema penal, como es