DERECHO Y RAZÓN TEORÍA DEL GARANTISMO PENAL. LUIGI ...

7. LA PENA. CUANDO Y COMO CASTIGAR
por la ejecución de la pena privativa de libertad; el progreso cívico y
cultural, que hace hoy intolerables los sufrimientos inútiles o en cualquier
caso excesivos; el hecho de que, guste o no guste, en la actual sociedad
informática las funciones de seguridad y de prevención general
de los delitos tienden a ser satisfechas mucho más por las funciones de
policía que por la amenaza de las penas.
El objetivo de la inmediata reducción del límite máximo de la
pena a diez años de reclusión, por otra parte, no es en absoluto irrealista.
Ya actualmente en Italia, tras la reciente ley de 1986, la pena de
cadena perpetua ha desaparecido de hecho, al ser posible su conmutación
despues de quince años por la medida de semilibertad y poco
después por la libertad condicional; y lo mismo puede decirse de
la mayor parte de los países europeos, donde igualmente se han introducido,
en los últimos decenios, diversos y articulado~ sistemas
de medidas alternativas. La flexibilidad de la pena producida por las
medidas alternativas ha sido antes criticada por la estrategia correccionalista
que la informa, por los caracteres de falta de certeza y de arbitrio
extra-legal que inevitablemente confiere a la ejecución y por la
disolución de todas las principales garantías de la pena que comporta.
Pero también es el signo más elocuente de la creciente intolerabilidad
de las penas excesivamente largas. Y es claro que una vez admitido
que, conforme a la ley, la cadena perpetua puede ser sistemática aunque
discrecionalmente reducida a 15 años y las demás penas privativas
de libertad reducidas a la mitad, no será difícil admitir -en nombre
de los valores de certeza, igualdad y legalidad, aparte del de humanidad
de las penas- la oportunidad de que la ley rebaje con carácter
general los límites máximos de todas las penas privativas de libertad,
en la misma medida en que son hoy reducibles caso por caso. A
menos que el verdadero obstáculo sea no tanto el temor a una excesiva
brevedad de la pena como sobre todo la voluntad de no renunciar
precisamente a los fines de corrección del reo y de gobierno de la cárcel
que el actual sistema persigue con los complicados mecanismos potestativos
previstos para la concesión de las medidas alternativas,
aun a costa de una alteración de los rasgos garantistas de la pena.
Por otra parte, una vez reducidas legalmente las penas privativas
de libertad a los límites citados, pierden todo su sentido los argumentos
humanitarios con los que hoy se defiende la flexibilidad de las
penas y la incertidumbre de su duración máxima: es decir, que después
de quince o veinte años el condenado es una persona distinta de
la que era en el momento de la condena, de manera que deja de estar
justificada la ulterior privación de libertad. Que una persona a distancia
de decenios cambia radicalmente es un hecho que puede ser
asumido como cierto con carácter general, sin necesidad de una decisión
específica en cada caso; y justifica por consiguiente la reducción
para todos de las penas legales más que su arbitraria flexibilidad.
Además, una vez que la pena privativa de libertad resulte sustituida