DERECHO Y RAZÓN TEORÍA DEL GARANTISMO PENAL. LUIGI ...

l. EPISTEMOLOGIA. LA RAZON EN EL DERECHO PENAL
ca pueden concebirse en realidad como apruebas. o «indicios. de los
que se puede inferir inductivamente -y conforme a los cuales se
puede decidir provisionalmente- la verdad de una teoría, siquiera sea
a los fines de sus rentables aplicaciones prácticas. Una teoría, en
otras palabras, es ((útil» o «satisface» pragmáticamente sólo si, y en la
medida en que, es «verdadera» en el sentido antes elucidado.
En el mundo del derecho, y en general de la práctica, una decisión
puede en cambio revelarse «útil* o «satisfactoria* y ser por tanto
«aceptada. o «justificada» en algún sentido de estas palabras, in-
cluso prescindiendo de la verdad de sus motivaciones y hasta de su ca-
pacidad para ser calificadas como verdaderas o como falsas. Consi-
guientemente, los criterios de la coherencia y de la aceptabilidad
justificada valen en aquél como criterios de decisión no sólo sobre la
verdad, sino también -e incluso predominantemente- sobre otros
valores. Es el caso de toda la actividad de gobierno -administrativa,
económica y ~olítica-, cuyos parámetros de justificación racional y
de legitimación política vienen constituidos sin más por el mero cri-
terio de la aceptabilidad justificada en relación con el éxito práctico de
la satisfacción del interés público o con el consenso mayoritario, re-
sultando secundario en ella, y hasta no pertinente, el requisito de la
verdad de los presupuestos de las decisiones.
A la inversa, semejantes modelos de justificación son inaceptables
en la jurisdicción, y más que nunca en la jurisdicción penal. Para jus-
tificar las decisiones que concluyen un juicio penal no basta -si se ad-
hiere a una opción garantista- que tengan «éxito» o que genérica-
mente «satisfagan» las funciones de prevención y de seguridad que
también son propias del derecho penal. Ni basta que reciban el con-
senso de la comunidad: ni una amplísima mayoría y ni siquiera la to-
talidad de los consensos pueden justificar que se acepte como presu-
puesto de una decisión penal una tesis no probada o no sometible a
prueba. No se puede sacrificar la libertad de un hombre de quien no se
haya verificado la responsabilidad penal al interés o a la voluntad de
todos. Este es, como se verá, un postulado político fundamental del li-
beralismo penal, que excluye tanto la justificación meramente ins-
trumentalista o utilitarista como la consensualista o democrática de las
decisiones punitivas. En el derecho penal, la única justificación acep-
table de las decisiones es la representada por la verdad de sus presu-
puestos jurídicos y fácticos, entendida la «verdad» precisamente en el
sentido de «correspondencia» lo más aproximada posible de la moti-
vación con las normas aplicadas y los hechos juzgados. Sólo si se re-
fieren a la verdad como correspondencia, los criterios de la coherencia
y de la aceptabilidad justificada pueden en realidad impedir la preva-
ricación punitiva contra el particular de intereses o voluntades más o
menos generales y vincular el juicio a la estricta legalidad, o sea, a los
hechos empíricos previamente denotados por la ley como punibles.
Ciertamente, este esquema cognoscitivo de justificación de las