DERECHO Y RAZÓN TEORÍA DEL GARANTISMO PENAL. LUIGI ...

III. TEORIA. LAS RAZONES DEL DERECHO PENAL
jetos en causa y al sistema político y extraña a los intereses particula-
res de unos y a los generales del otro- se hace patente en el requisito
de la imparcialidad y tiene su justificación ético-política en los dos va-
lores -la búsqueda de la verdad y la tutela de los derechos funda-
mentales- antes asociados a la jurisdicción. El juez no debe tener nin-
gún interés, ni general ni particular, en una u otra solución de la
controversia que está llamado a resolver, al ser su función la de decidir
cuál de ellas es verdadera y cuál es falsa. Al mismo tiempo, no tiene
por qué ser un sujeto .representativo», puesto que ningún interés o
voluntad que no sea la tutela de los derechos subjetivos lesionados
debe condicionar su juicio, ni siquiera el interés de la mayoría, o in-
cluso el de la totalidad de los asociados lesionados: como se ha visto
en el apartado 37, al contrario que el poder ejecutivo o el legislativo,
que son poderes de mayoría, el juez juzga en nombre del pueblo,
pero no de la mayoría, para la tutela de la libertad de las minorías.
Llamaré imparcialidad (terzieta) a la ajenidad del juez a los inte-
reses de las partes en causa; independencia, a su exterioridad al siste-
ma político y, más en general, a todo sistema de poderes; naturalidad,
a que su designación y la determinación de sus competencias sean an-
teriores a la perpetración del hecho sometido a su juicio. Estos tres
aspectos de la imparcialidad del juez requieren garantías orgánicas
consistentes en otras tantas separaciones: la imparcialidad exige la se-
paración institucional del juez respecto de la acusación pública; la in-
dependencia demanda su separación institucional de los otros poderes
del estado y, por otra parte, la difusión de la función judicial entre su-
jetos no dependientes entre sí; la naturalidad requiere su separación de
autoridades comitentes o delegantes de cualquier tipo y la predeter-
minación exclusivamente legal de sus competencias. Resulta, en fin,
superfluo añadir que la imparcialidad, más allá de las garan-
tías institucionales, es un hábito intelectual y moral, que no difiere del
que debe presidir cualquier forma de investigación y conocimiento.
Este conjunto de condiciones -orgánicas y culturales- definen la
figura del juez que se deriva del principio de jurisdiccionalidad. Y de-
terminan además una específica colocación política, tanto de los jueces
como individuos, cuanto del orden judicial en su conjunto. El juez no
es propiamente un órgano del estado-aparato, sino que ejerce sus
funciones, como dice el art. 101 de la Constitución italiana, directa-
mente «en nombre del pueblo». Y el poder judicial se configura, res-
pecto a los otros poderes del estado, como un contra-poder, en el
doble sentido de que tiene encomendado el control de la legalidad, es
decir, de validez de los actos legislativos tanto como el de los admi-
nistrativos, y la tutela de los derechos fundamentales de los ciudada-
nos frente a las lesiones que pudieran provenir del estado. ((Para que
no se pueda abusar del poder», escribió Montesquieu, «es preciso
que, por la disposición de las cosas, el poder frene al poder. '69. Por
ello, añade Carrara, ((para un Estado que ambicione regirse por medio