DERECHO Y RAZÓN TEORÍA DEL GARANTISMO PENAL. LUIGI ...

III. TEORIA. LAS RAZONES DEL DERECHO PENAL
corrupciones, falsedades, etc.), en virtud de los arts. 8 y 110 de la ley
de 20 de marzo de 1865, reproducidos fielmente por todas las sucesivas
versiones de la ley municipal y provincial -n. 5921 de 10 de febrero
de 1889, n. 164 de 4 de mayo de 1898, n. 269 de 21 de mayo
de 1908, n. 148 de 2 de febrero de 1915 y n. 383 de 3 de marzo de
1934- y finalmente anulados por sentencia de la Corte constitucional
n. 4 de 18 de febrero de 1965 '24; a los oficiales y a los agentes de policía
por hechos cometidos durante el servicio y relativos al uso de las
armas, al amparo del art. 16 del viejo código de procedimiento penal,
anulado por sentencia n. 94 de 18 de junio de 1963, de la misma
Corte constitucional 125; a los oficiales y empleados públicos, por el
falso testimonio, o las negativas a declarar cometidas para tutela de
secretos de estado, en aplicación del art. 352 del mismo código, derogado
por el art. 15 de la ley n. 801 de 24 de octubre de 1977. Las
únicas inmunidades todavía previstas en nuestro ordenamiento, como
en muchos otros contemporáneos, son la de los parlamentarios, del
art. 68,2." y 3." de la Constitución, que de ser garantía de los representantes
del pueblo frente al poder del rey han pasado desde hace
tiempo a transformarse en un privilegio de poder, y la análoga prevista
para los jueces de la Corte constitucional por el art. 3 de la ley
constitucional n. 1 de 9 de febrero de 1948 126.
Las condiciones objetivas de procedibilidad, que si bien desde diversos
puntos de vista expresan simplemente la tendencia a la minimización
del derecho penal, cuando faltan o desaparecen los fines que
justifican la pena, responden a lógicas completamente diversas. Así, el
fundamento de la querella y de los demás institutos menores asimilable~
a ella (aunque menos justificables) -la autorización del ministro
de justicia para algunos delitos contra el estado, la solicitud ministerial
o la instancia de la parte ofendida para delitos cometidos en el extraniero-
se identifica con la asunción de la finalidad de evitar aue
los perjudicados pudieran llegar a tomarse la justicia por su mano, no
sólo como prioritaria, según lo que se ha dicho en el capítulo 6, sino
como exclusiva. En particular, la querella -que es indudablemente un
residuo de la acción privada- se justifica con la antigua distinción,
que se entiende todavía fundada, entre delicta publica y delicta privata:
los primeros, lesivos de intereses intersubjetivos y de derechos
subjetivos fundamentales e indisponibles; los segundos, lesivos de derechos
e intereses disponibles y confiados por completo a la autonomía
de su titular 12'. Sería insensato, en una perspectiva de derecho
penal mínimo, proceder de oficio en el caso de los delitos que ofenden
derechos disponibles, cuando la parte ofendida no tiene interés en su
persecución. El único problema -de justificación externa o políticaes
el de los criterios de determinación de los delitos en los que existe
un interés público autónomo para proceder, con objeto de prevenir
otros nuevos, y aquellos en los que tal interés está condicionado a la
reacción de la parte ofendida.