DERECHO Y RAZÓN TEORÍA DEL GARANTISMO PENAL. LUIGI ...

V PARA UNA TEORIA GENERAL DEL GARANTISMO
y similares, hoy el catálogo de bienes fundamentales se ha ampliado,
al haber crecido el número de las amenazas a las condiciones natura-
les de vida.
Un proyecto de democracia social forma por tanto un todo único
con el de un estado social de derecho: consiste en la expansión de los
derechos de los ciudadanos y, correlativamente, de los deberes del es-
tado, o, si se quiere, en la maximización de las libertades y de las ex-
pectativas y en la minimización de los poderes. Con una fórmula su-
maria podemos representar a semejante ordenamiento como estado
liberal mínimo y a la vez como estado social máximo: estado ( y dere-
cho) mínimo en la esfera penal, gracias a la minimización de las res-
tricciones de las libertades de los ciudadanos y a la correlativa exten-
sión de los límites impuestos a sus actividades represivas; estado (y
derecho) máximo en la esfera social, gracias a la maximización de las
expectativas materiales de los ciudadanos y a la correlativa expansión
de las obligaciones públicas de satisfacerlas. Es inútil decir que seme-
jante proyecto reclama del sistema político un aumento de la com-
plejidad institucional y no, por cierto, una simplificación y menos la
extinción del estado, como quisieran, en cambio, las utopías acari-
ciadas por la tradición anarquista y la marxista-leninista; y, al mismo
tiempo, exige de la ciencia del derecho una imaginación jurídica no
menor que la desarrollada por el pensamiento reformador ilustrado en
materia de derechos de libertad. Aunque sólo sea porque las garan-
tías de los «derechos a», «materiales» o «socialesn, a diferencia de las
de los .derechos de libertad», requieren la elaboración, más que de
técnicas negativas de invalidación, de mecanismos positivos de distri-
bución y de control de las prestaciones dirigidas a satisfacerlos.
5. La aporía de la irreducible ilegitimidad jurídica de los poderes pú-
blicos en el estado de derecho. Es claro, conforme a lo que hasta
ahora se ha dicho, que cuanto más se expanden en un ordenamiento
los derechos y las garantías con la incorporación de deberes públi-
cos, tanto mayor puede ser la divergencia entre normatividad y efec-
tividad, entre validez y vigencia, entre deber ser y ser del derecho.
Corresponde a la naturaleza deóntica de los deberes, no importa que
estén impuestos a poderes públicos, la posibilidad de ser violados. Y
está en la misma naturaleza deóntica de los valores la imposibilidad de
ser íntegramente realizados. La proclamación de los derechos funda-
mentales, como por lo demás del principio de igualdad y por otro
lado de la representación, equivale a la estipulación de valores. Y
contiene, por eso, un elemento de utopía, siendo la utopía un ele-
mento integrante de la noción de valor en el sentido de que es propio
de los valores el hecho de no ser nunca perfectamente realizables o de
una vez por todas y de admitir siempre una satisfacción sólo imper-
fecta, es decir, parcial, relativa y contingente. Precisamente por esto
los valores son universales e imperecederos.