DERECHO Y RAZÓN TEORÍA DEL GARANTISMO PENAL. LUIGI ...

II AXlOLOGlA LAS RAZONES DEL DERECHO PENA1
animan a un juez sentimientos de venganza, de parte o de defensa so-
cial, o que el estado deja sitio a la justicia sumaria de los particulares,
el derecho penal retrocede a un estado salvaje, anterior a la formación
de la civilización.
Esto no significa, naturalmente, que el fin de la prevención general
de los delitos sea una finalidad menos esencial del derecho penal.
Este fin es por el contrario la razón de ser primordial, si no directa-
mente de las penas, sí de las prohibiciones penales, que están dirigidas
a tutelar los derechos fundamentales de los ciudadanos contra las
agresiones por parte de otros asociados. Significa más bien que el de-
recho penal asume como fin una doble función preventiva, una y
otra de signo negativo: la prevención general de los delitos y la pre-
vención general de las penas arbitrarias o desproporcionadas. La pri-
mera función marca el límite mínimo y la segunda el límite máximo
de las penas. Una refleja el interés de la mayoría no desviada; la otra,
el interés del reo y de todo aquel del que se sospecha y es acusado
como tal. Los dos fines y los dos intereses entran en conflicto, y son
sus portadores las dos partes de un proceso penal contradictorio: la
acusación, interesada en la defensa social y por consiguiente en ma-
ximizar la prevención y el castigo de los delitos; y la defensa, intere-
sada en la defensa individual y por tanto en maximizar la prevención
de las penas arbitrarias.
De los dos fines, el segundo -por lo general olvidado- es sin em-
bargo el más significativo y el que en mayor medida merece ser sub-
rayado. En primer lugar porque, mientras que es dudosa la idoneidad
del derecho penal para satisfacer eficazmente el primero -no pu-
diéndose ignorar las complejas razones sociales, psicológicas y cultu-
rales de los delitos, ciertamente no neutralizables mediante el mero
temor a las penas (en vez de a las venganzas) 18-, es por el contrario
bastante más segura su idoneidad para satisfacer el segundo, aun
sólo con penas modestas y poco más que simbólicas. En segundo
lugar porque, mientras la prevención de los delitos y las exigencias de
seguridad y de defensa social siempre han ocupado el lugar más alto
en el pensamiento de los legisladores y de las demás autoridades pú-
blicas, no puede decirse lo mismo de la prevención de las penas arbi-
trarias y de las garantías del acusado. En tercer lugar, y sobre todo,
porque sólo el segundo fin y no el primero es a la vez necesario y su-
ficiente para fundamentar un modelo de derecho penal mínimo y ga-
rantista como el formalizado en nuestro sistema SG. Más aún: sólo el
segundo fin, esto es, la tutela del inocente y la minimización de la
reacción al delito, sirve para distinguir el derecho penal de otros sis-
temas de control social -de tipo policial, disciplinario o incluso te-
rrorista- que de un modo más expeditivo y probablemente más efi-
ciente serían capaces de satisfacer el fin de la defensa social respecto al
que el derecho penal, más que un medio, es por consiguiente un
coste, o si se quiere un lujo propio de sociedades evolucionadas.