DERECHO Y RAZÓN TEORÍA DEL GARANTISMO PENAL. LUIGI ...

9. EL JUICIO CUANDO Y COMO JUZGAR
Parecería evidente, en un modelo de derecho penal mínimo, que
entre los delitos perseguibles en virtud de querella deberían estar todos
aquellos en los que el bien lesionado es disponible: en estos casos la
querella es una garantía esencial de la autonomía de la parte ofendida
y más concretamente de su disponibilidad del bien. Pero el problema se
desplaza en ese caso a la identificación de los bienes disponibles. ¿Qué
bienes hay que valorar como disponibles y cuáles como indisponibles?
Parece pacífico que la categoría más ejemplar de bienes disponibles
tendría que ser la de los bienes patrimoniales privados; de modo que
deberían resultar perseguibles a instancia de parte todos los delitos
contra la propiedad privada: no sólo la apropiación indebida, la in-
solvencia fraudulenta o los daños, sino también el hurto, la estafa, la
receptación, y otros similares. Tal, por ejemplo, fue la opinión de
Condorcet '28, que permaneció extrañamente aislada y desatendida
por casi todas las legislaciones. En efecto, ¿por qué el hurto, la estafa u
otros delitos que lesionan bienes alienables y negociables por su natu-
raleza deben ser perseguibles de oficio? ¿Qué interés superior, que
no sea ideológico o simbólico, se protege por el estado al proceder de
oficio en materia de propiedad? Si no es al propietario concreto al que
se intenta tutelar, dado que se procede incluso contra su voluntad, ¿no
será quizá la idea o el valor abstracto de la propiedad lo que constituye
el objeto de las normas sobre el hurto? Deberían, en cambio, ser juz-
gadas de oficio todas las lesiones personales, incluso las culposas, que
produzcan menoscabo de ese bien indisponible y fundamental que es
la integridad de la persona. Es evidente que el problema remite a la es-
cala de bienes y de valores que se consideran merecedores de tutela
penal incondicionada, o bien condicionada a la iniciativa de la parte
ofendida. Y esta escala en la mayor parte de los ordenamientos ex-
presa una injustificada valorización de la propiedad privada.
Existe además un segundo criterio de determinación de los delitos
perseguibles mediante querella, seguramente más problemático y con-
trovertido que el de la disponibilidad de los bienes: es la tutela de la
autonomía y del interés de la intimidad de la parte ofendida que po-
dría resultar violentada por un proceso público como lo es el penal. El
problema se ha planteado dando lugar a infinitas polémicas e in-
comprensiones, a propósito del reciente proyecto de ley contra la
violencia sexual. En este caso está fuera de discusión el carácter in-
disponible y fundamental del bien lesionado, que justificaría la pro-
cedibilidad de oficio. Pero también es evidente la necesidad de tutelar
la autonomía de la parte ofendida, que podría considerar como una
segunda violencia un proceso que la obligase a enfrentarse pública-
mente con su agresor 129. La tutela de la autonomía de la parte ofen-
dida es quizá el valor más importante. Pero como siempre ocurre en
opciones de este tipo, existen argumentos tanto a favor como en con-
tra de la querella y la elección implica el sacrificio de algunos de los
valores en conflicto 130.