DERECHO Y RAZÓN TEORÍA DEL GARANTISMO PENAL. LUIGI ...

IV. FENOMENOLOGIA. LA FALTA DE EFECTIVIDAD DE LAS GARANTIAS
consideración a su mayor lealtad al ejecutivo. El uso de armas en los
establecimientos penitenciarios lo autorizó, posteriormente, la ley
n. 374 de 28.6.1977, que, desenterrando y dando fuerza de ley a
una vieja norma de un reglamento fascista - el art. 169 del regla-
mento n. 2584 de 30.12.1937 para los Cuerpos de los agentes de vi-
gilancia, contrario además de a la Constitución, al código penal y por
ello olvidado hasta entonces-, ((extienden los poderes en ella esta-
blecidos .a cuanto concierne la actividad de vigilancia exterior, a
los militares de las fuerzas públicas y de las fuerzas armadas llamados
a cooperar en el reforzamiento de los servicios de seguridad externa de
los establecimientos oenitenciarios)). En otras oalabras. a los carabi-
neros encargados de la «coordinación» de tales servicios por un de-
creto ministerial de 4 de mayo de 1977. Con base en esta ley, las fuer-
zas armadas y de policía, además de los agentes de vigilancia, pueden
hacer uso de las armas de fuego en los siguientes casos: «1) en el in-
terior del establecimiento. cuando sean constreñidos oor la necesidad
de sofocar una revuelta de los internos; 2) en los lugares donde los in-
ternos trabajen en el exterior, en las hipótesis del número 1 y para im-
pedir su fuga; 3) en el servicio de vigilancia externa, cuando desde el
exterior se intente perturbar, en cualquier modo, el orden; 4) en caso
de intento de huida por parte de los internos, cuando el fugitivo, a
pesar de la intimación, no desista en su intento de evasión».
3. Medidas de ex$epción. El estado de sitio y los distintos estados de
peligro. El Texto Unico de Seguridad Pública prevé una serie de me-
didas policiales de excepción en cuya virtud pueden suspenderse las
principales garantías constitucionales, en supuestos tan imprecisos
como los de estado de necesidad o de peligro. Se hablará más tarde,
en el capítulo siguiente dedicado al derecho penal de la emergencia, de
la ambigua y peligrosa categoría de la ((razón de estado. y de su
contradicción con la lógica del ((estado de derecho)). Ahora me limi-
taré a recordar las distintas formas del derecho de policía informadas
por aquélla.
Las órdenes delprefecto en materia de orden público, previstas en
el art. 2 del Texto Unico de las leyes de seguridad pública, no parecen,
hablando con propiedad, estar inspiradas en la «razón de estado.,
sino en razones administrativas y, por decirlo así, .de prefectura..
Esta norma atribuye al prefecto, «en caso de urgencia o de grave ne-
cesidad pública., la facultad de «adoptar las medidas indispensables
para la tutela del orden público y de la seguridad pública». No se dice,
empero, cuáles sean las «medidas indispensables» que pueden to-
marse, ni cuáles son sus presupuestos específicos. Se trata, pues, de
una potestad, por así decir, *absoluta», no vinculada ni por condi-
ciones de hecho ni por formas o modalidades normativas de ejercicio.
Como tal -aunque el Tribunal constitucional en sentencia n. 26 de
23.5.1961 haya declarado su ilegitimidad constitucional sólo cuando