DERECHO Y RAZÓN TEORÍA DEL GARANTISMO PENAL. LUIGI ...

III. TEORIA. LAS RAZONES DEL DERECHO PENAL
861, pp. 323-324, 871, p. 346 y de Lucchini, o. c., p. 97. A favor de la «garantía per-
sonal de los funcionarios públicos~ además de la constitucional^ del «antagonismo
constitucional» y de la «independencia de los opositores y de los tutores constitucio-
nales. se había pronunciado en cambio G. Romagnosi, Della costituzione di una mo-
narchia nazionale rappresentativa (1815), en Opere scelte, Reale Accademia d'Italia,
Roma, 1937, IY1, parte I,29, pp. 60-61 y 51, p. 113.
122. Art. 7, sec. 111, de la ley de 22.12.1789: .Ellas (las administraciones de los
departamentos y de los distritos) no podrán ser entorpecidas, en el ejercicio de sus fun-
ciones administrativas, por ningún acto del poder judicial,,; art. 13, tít. 11, de la ley de
16-24.8.1790: «Las funciones judiciales son claras y permanecerán siempre separa-
das de las funciones administrativas. Los jueces no podrán, so pena de prevaricación,
entorpecer, de la manera que sea, las operaciones de los cuerpos administrativos,
ni citar ante ellos a los administradores por motivo de sus funciones*; ley de
7-14.10.1790: .Ningún administrador puede ser citado ante los tribunales por razón de
sus funciones públicas, a menos que haya sido llevado ante ellos por la autoridad su-
perior, conforme a las leyes». Por último, el art. 75 de la Constitución del 13.12.1799
dispuso: «Los agentes del gobierno que no sean ministros no pueden ser perseguidos
por hechos relativos a sus funciones más que en virtud de una decisión del Consejo de
Estado; en este caso las actuaciones tienen lugar ante los tribunales ordinarios..
Después de la derogación del instituto en el 1870 por parte del gobierno de Defensa na-
cional se instituyó, con un Decreto de 26.7.1873, un tribunal especial de conflictos, di-
rigido a resolver las controversias y a tutelar la separación entre poder judicial y poder
ejecutivo, donde la intervención del primero se configurase como control de un acto de
segundo. Véanse, para ulteriores referencias, E. Laferrikre, Traité de la jurisdiction ad-
ministratiue et de recours contentieux, Berger-Levrault, París, 1887, 1, pp. 156 SS.;
A. Namias, o. c., p. 450; L. M. Giriodi, o. c., pp. 406 SS.; M. Hauriou, Précis de droit
administratif et de droit public (1910), Sirey, París, 1°1921, pp. 968 SS.; C. Vitta,
Diritto amministratiuo, Utet, Turín, 1933,1, p. 455; L. Ferrero, Garanzia amministra-
tiva, en Nuovo Digesto Italiano, cit., VI, 1938, p. 204.
123. Introducido por Murat según el ejemplo francés del Reino de las Dos
Sicilias con decreto de 24.1.1812, el instituto se conservó bajo los Borbones, que lo re-
gularon en los arts. 138-141 de la ley de 12.12.1816. Fue recogido en el Reino de
Cerdeña limitado para los alcaldes, gobernadores e intendentes, por el art. 9 de la ley
divisional y municipal de Carlos ,4lberto de 7.10.1848 y luego por el art. 8 de la ley de
25.10.1849 y por los arts. 8 y 105 de la ley municipal y provincial de 23.10.1859, re-
producidos después por la ley de 1865 y por sucesivos textos únicos. El instituto fue,
sin embargo, abolido muy pronto en otros países de Europa: en Bélgica por el art. 24
de la Constitución de 7.3.1831, en Austria por el art. 12 de la ley fundamental de
21.12.1867, en España por la Constitución de 1.6.1869, en Suiza por el art. 117 de la
Constitución federal de 29.5.1 874 y en Alemania por el art. 97 de la Constitución pru-
siana de 31.1.1850 y después por el art. 11 de la ley de 27.1.1 877. En Inglaterra y en
Estados Unidos no se ha previsto nunca ninguna garantía administrativa.
124. A pesar de que la garantía administrativa sobrevivió en Italia casi un siglo
después de su supresión en el resto de Europa, contra ella se ha manifestado casi siem-
pre la opinión de la doctrina: cf., además de los autores citados en las notas 120-122,
G. Zanobini, L'amministrazione locale (1932), Cedam, Padua, 21935, p. 85; Id., Corso
di diritto ammipristrativo (1935), Giuffrk, Milán, 61958, 111, pp. 102-103; C. Esposito,
La responsabilita dei funzionuri e dipendenti pubblici secondo la costituzione (1951), en
La costituzione italiana, saggi, Cedam, Padua, 1954, p. 111; E. Casetta, L'illeci-
to degli enti pubblici, Utet, Turín, 1953, p. 297; Id., Garanzia amministrativa, en
Novissimo Digesto italiano, cit., VII, 1961, pp. 750 SS. Aunque las autorizaciones