DERECHO Y RAZÓN TEORÍA DEL GARANTISMO PENAL. LUIGI ...

111. TEORIA LAS RAZONES DEL DERECHO PENAL
1966, pp. 64-65) -ya sostenida por su maestro Giovami Bassiano, según el cual el juez
delegado para la totalidad de la actividad judicial «non erit delegatus sed legatus et ordinarius*
(Libelw de ordine iudiciorum, apartado 10, en Scripta anecdota glossatorum,
a cargo de G. Tamassia y G. Palmerio, Virano, Bolonia, 1892, vol. 11, p. 213)- fue en
cambio defendida por Guglielmo Durando, quien afirmó que cpotestates et rectores qui
in Italia eliguntur habent iurisdictionem ordinariam~ y resolvió la cuestión definiendo
con un criterio moderno que «iudex ordinarius qui iure suo, ve1 principis beneficio universaliter
iurisdictionem exercere potest. y reservando la calificación de ~iudex delegatus.
sólo al juez que actualmente llamamos extraordinario y que «ex alterius commissione
alicuis causae recipit iudicialem missionem. (Speculum iuris [1260], Haeredes
Nicolaj Bevilaquae, Lugduni, 1578, lib. 1, f. 41r-v).
195. G. B. de Luca, Theatrum veritatis et iustitiae, Roma, 1629, lib. XV, De iudices
et de praxi curiae romame, III,2, p. 12 (citado por N. Picardi, o. c., p. 34). Véase,
sobre la distinción, también J. Menochius, De arbitrariis iudicum quaestionibus et
causis libri duo, Antonium De Franciscis, Venetiis, 1624, lib. 1, quaestio XII, pp. 21-22.
196. S. Sciacca, Tractatus de iudiciis causarum civilium, criminalium et haereticarum,
Venetiis, 1596,I, cap. XVI, n. 1.
197. H. Bracton, De legibus, cit., p. 107. Sobre la formación del ordenamiento
judicial inglés después de la crisis de la jurisdicción feudal y la afirmación de la regia,
véase N. Picardi, o. c., pp. 49-56. El doble poder judicial del rey -ordinario y delegante-
que como se verá será contestado cinco años después por Sir Edward Coke, se
expresó bien por F. Bacon, A view of the Differences in question betwist the King's
Bench and the Council in the Marches (1607), trad. it., Esposizione delle divergenze
nella controversia tra il Banco del Re e il Consiglio delle Marche, a cargo de E. de Mas,
Utet, Turín, 1971, vol. 11, pp. 45-46: «Además decimos que en la prerrogativa del Rey
hay un doble poder. Un poder que está delegado a sus jueces ordinarios en la
Cancillería o Ley común y otro poder que es inherente a su propia persona por el cual
él es juez supremo en el Parlamento y en todas las demás Cortes ... Y este poder que le
es inherente, y lo que participa de él, está por eso libre del control de cualquier Corte de
justicia*. Una descripción detallada de la organización judicial inglesa y del doble
poder regio está también en Th. Hobbes, Diálogo, cit., pp. 36 SS.
198. La fórmula francesa toute justice émane du roi así como la inglesa rex fons
justitiae o fountain of al1 iustice, fue la expresión, en el ancien régime, de la exigencia
-indudablemente progresiva- de conferir una apariencia de unidad a la complicadísima
red de las jurisdictions royales y las innumerables (del orden de decenas de miles)
jurisdictions seigneurales, las de «derecho común» y las de d'exception, así como a
todas las formas de justice délégueé y justice retenue (mediante las lettres, de las que se
hablará en la nota 205, o la práctica de jugements par commisaires). Pero esta fórmula
se mantuvo, incluso después de la Revolución francesa, en el art. 57 de la Carta octroyée
el 4 de junio de 1814 y en el art. 48 de la de 14 de agosto de 1830. Y pasó al art.
251 de la Constitución española de 1812, al art. 30 de la Constitución belga de 1831,
al art. 86 de la Constitución prusiana de 1850, al art. 1 de la Ley constitucional austriaca
de 21.12.1867, al art. 74 de la Constitución española de 1876 y también a los ordenamiento~
italianos preunitarios, donde la fórmula «la justicia emana del rey. figura
en todos los estatutos de 1848: en el art. 68 del Estatuto albertino, en el art. 81 de la
Constitución del Reino de las dos Sicilias, en el art. 19 del Estatuto del Gran Ducado de
Toscana y en el art. 3 del Estatuto fundamental del gobierno temporal de los Estados de
la Iglesia. Sólo la Constitución de la República romana de 1849 abolió la fórmula, estableciendo
en el art. 49 que *los jueces en el ejercicio de sus funciones no dependen de
ningún otro poder del Estado.. Una dura crítica de la idea de que el rey es .fuente de la
justicia* defendida todavía por P. Rossi, Cours de droit constitutionnel, Guillaumin,