DERECHO Y RAZÓN TEORÍA DEL GARANTISMO PENAL. LUIGI ...

IV. FENOMENOLOGIA. LA FALTA DE EFECTIVIDAD DE LAS GARANTIAS
tados designa algo más y distinto respecto al significado común de
«razón»: por un lado, porque alude a una razón autofundamentada,
superior a las razones que informan otros intereses o ámbitos de
vida, por otro, porque se configura como razón no intersubjetiva, sino
fuera del alcance del pueblo, detentada exclusivamente por aquellos
espíritus *videntes» que son .los hombres de estadon 31. Al mismo
tiempo, junto a su carácter superior, la razón de estado se configura
como un principio de legitimación histórica de tipo extra y, de ser ne-
cesario, antijurídico: en el sentido en que permite la ruptura de la le-
galidad y la alteración de las reglas del juego ordinarias cada vez
que éstas, por la emergencia o la excepcionalidad, valorables siempre
y sólo por los gobernantes, entran en conflicto y no son funcionales al
«supremo» interés del estado.
Se comprende la contradicción entre la «razón de estadon así en-
tendida y el «estado de derecho». El criterio regulativo de la primera
es la subordinación de los «medios., de por sí indeterminados y no re-
gulados, a la consecución de «fines» políticos cuya formulación se
confía, realista o históricamente, a la persona del soberano o, en
todo caso, a los titulares del poder estatal; el principio guía del se-
gundo es en cambio la subordinación de los fines políticos al empleo
de medios jurídicamente preestablecidos, esto es, no abiertos ni inde-
terminados, sino vinculados a la ley. De este modo, mientras para las
teorías de la razón de estado el estado es un fin, no fundado sino
sobre sí mismo y fundamento a su vez de los medios jurídicos que re-
sultan indiferentes, flexibles, cambiantes y manipulables según arbi-
trio, para las del estado de derecho, de Locke en adelante, el estado es
un medio justificado por sus fines de tutela de los derechos «funda-
mentales» de los ciudadanos y vinculado a aquéllos mediante la suje-
ción de todos sus poderes a reglas constitucionales rígidas y funda-
das 32. Y se entiende, además, la contradictoriedad de las tesis que en
años pasados, tanto en Italia como en otros países europeos, han
justificado las leyes de excepción con el fin de la .defensa del estado
de derecho y la democracia» 33. Formulado así, el principio de la
razón de estado parece paradójicamente dotado de una fuerza de le-
gitimación política mayor que en las teorías del estado absoluto o to-
talitario: bien porque el estado para cuya tutela se invoca es el esta-
do valorado como democrático^, «constitucional» o .de derecho*,
bien porque el cambio de los medios legales se presenta no ya como
práctica ordinaria de gobierno sino como medida excepcional para
afrontar el riesgo de su suvbersión. Pero está claro que la contradic-
ción lo es en los términos: en realidad, la ruptura de las reglas del
juego se invoca en estos casos para tutela de las mismas reglas del
juego; el estado de derecho se defiende mediante su negación.
Todavía más estridente, por otra parte, es la contradicción entre
razón de estado o de emergencia y esa específica función del estado de
derecho que es la jurisdicción penal. Ante todo, si la jurisdicción es la