DERECHO Y RAZÓN TEORÍA DEL GARANTISMO PENAL. LUIGI ...

IV FENOMENOLOGIA. LA FALTA DE EFECTIVIDAD DE LAS GARANTIAS
13); el aumento de veinte a cuarenta y cinco días por semestre, equi-
valente a un cuarto de la duración total, de reducción de pena en la li-
beración anticipada para los que hayan colaborado en la reeducación
(art. 30); la elevación de dos a tres años del límite por debajo del cual
son sustituibles las penas, sobre la base de la «personalidad. del de-
tenido, por la asignación a prueba al servicio social (art. 11). La
forma clásica de la pena ha quedado, pues, totalmente disuelta: la
pena ordinaria, después de esta ley, no tiene nada de igual ni de tasa-
da ni de legalmente predeterminada; y ya no existen varios «tipos de
pena* sino tantas penas como detenidos. Simultáneamente la pena,
duplicada, de cárcel (o de régimen) especial responde cada vez menos
a funciones de seguridad y cada vez más a fines de disciplina de los in-
ternos o, lo que es peor, de coerción de sus derechos de defensa. Si se
considera globalmente el sistema penal-premia1 compuesto por medi-
das alternativas a la pena y por alternativas al proceso ofrecidas a
confesos y arrepentidos, se comprenderá cómo la expectativa de li-
bertad, en cuanto alternativa a la prisión preventiva y después a la es-
pecial, tiene que actuar sobre los detenidos, y más si se encuentran a la
espera de juicio, como un potente factor de intimidación, de discipli-
na y también, en la fase del juicio, de neutralización de su voluntad de
defensa.
Naturalmente, tampoco podemos desconocer la reducción gene-
ral de la carga aflictiva propia de la pena que conllevan los diversos
beneficios enumerados hasta ahora, al menos mientras no sea com-
pensada con una mayor severidad de las condenas en previsión de su
atenuación en fase ejecutiva. La reclusión perpetua, en particular
-gracias a la modificación del art. 176 c.p. y del art. 50 de la reforma
penitenciaria- puede ser conmutada por la liberación condicional
después de veintiséis años de reclusión y por el régimen de semiliber-
tad después de veinte años, reducibles, respectivamente, a diez y
nueve años y medio y a quince por efecto del descuento de un cuarto
previsto al extenderse la liberación anticipada; y análogamente, gra-
cias a las mismas normas, la prisión, en sentido estricto, ha quedado
virtualmente reducida en más de un cincuenta por ciento. Tanto la re-
forma del setenta y cinco como la ley del ochenta y seis son exponente
de la negativa de nuestro legislador -por timidez reformadora o por
incontenible vocación correccionalista- a salvaguardar la certeza
penal, interviniendo sobre las penas legalmente previstas mediante la
eliminación sin tapujos de la reclusión perpetua, la reducción de los 1í-
mites máximos de la prisión a doce o quince años - correspondien-
tes, por otra parte, a las expectativas realistas de los condenados-, la
transformación de las distintas medidas alternativas de sometimiento
a prueba, del arresto domiciliario y de la semilibertad en penas -di-
rectamente impuestas por el juez sobre la base de la valoración y
connotación de los hechos juzgados-, y, finalmente, mediante la
consideración de los distintos beneficios que, de los permisos a las au-