DERECHO Y RAZÓN TEORÍA DEL GARANTISMO PENAL. LUIGI ...

1 1 EL SUBSISTEMA PENAL DE POLlClA
que a su vez había hecho suya una norma dictada por el art. 1.3 de la
ley n. 152 de 22.5.1975 a propósito de la libertad provisional- ha
puesto en evidencia la naturaleza de medida de defensa social asumi-
da por la institución, al incluir entre sus presupuestos la peligrosidad
social del imputado: precisamente el «peligro concreto* de que .por
las específicas formas y circunstancias del hecho y por la personalidad
del imputado ... éste cometa graves delitos con uso de armas o de
otros medios de violencia personal o dirigidos contra el orden consti-
tucional, o delitos propios de la criminalidad organizada o de la
misma especie de aquel por el que se proceden.
Esta transformación se ha operado tanto por vía legislativa como
judicial. Ante todo, ha sido el fruto de una interminable serie de leyes
aprobadas en los años de la emergencia y dirigidas a hacer de la pri-
sión preventiva una medida cada vez menos excepcional y cada vez
más automática. En segundo lugar, ha sido consecuencia del crecien-
te abuso de la institución por parte de los magistrados, en forma de
emisión sistemática de mandamientos de captura no motivados, en
base a módulos estereotipados y a más que lábiles indicios, y, sobre
todo, teleológicamente dirigidos a objetivos no legítimos, como cons-
treñir al imputado a confesar o como eludir, a través de mandamien-
tos reiterados de captura, las normas sobre excarcelación por el trans-
curso de sus plazos máximos. El cambio de nombre realizado por el
art. 11 de la ley n. 398 de 1984 -de *custodia preventiva. a «cus-
todia cautelar»- no basta para encubrir el cambio, en sentido inver-
so, de la institución, ya no medida cautelar, sino pena anticipada y10
preventiva durante el proceso, dirigida a obviar la lentitud de éste,
pero con el efecto práctico de favorecerla.
2. El desarrollo de la prisión preventiva en Italia. El laberinto le-
gislativo. Para comprender la importancia que la detención preven-
tiva ha asumido en los últimos años en nuestro sistema penal, el ar-
gumento más elocuente es, sin duda alguna, el de la estadística.
Conviene recordar que hasta 1955 la prisión preventiva no estaba so-
metida a límites temporales. Entonces los detenidos en espera de juicio
eran sólo un tercio del total 12. Una vez introducido un plazo máximo
-primero con la ley n. 517 de 18.6.1955 para la fase instructora, des-
pués con el d.1. n. 192 de 1.5.1970 para las demás fases del juicio-,
elevado después en varias ocasiones, el porcentaje ha ido creciendo
inexorablemente hasta alcanzar el 70% en 1982, para después fijarse,
tras la reducción de los plazos en 1984 y tras la reforma de 1988, en
torno a la mitad del total; y paralelamente se ha incrementado la
duración de los procesos 13. Esto significa que los plazos han actuado,
más que como límite máximo, como límite mínimo de la detención
preventiva y de la duración de la causa, O, lo que es lo mismo, como
autorización implícita para ralentizar los procesos y para mantener al
imputado en prisión durante toda su duración.