DERECHO Y RAZÓN TEORÍA DEL GARANTISMO PENAL. LUIGI ...

10. EL SUBSISTEMA PENAL ORDINARIO
pena que son las cárceles especiales y recurriendo a la clasificación (y
desclasificación) como «peligrosos» de los detenidos que a ellas se
asignan. Las cárceles así configuradas han sido un auténtico agujero
negro en el sistema de legalidad: lesionan el principio de reserva absoluta
de ley, ya que han nacido de hecho, sin una ley (ni siquiera un
reglamento) que las contemplase formalmente 19; se sustraen a los
principios de estricta legalidad y taxatividad y simultáneamente a
10s de retribución y de jurisdiccionalidad de las penas, ya que la asignación
de un preso a una cárcel especial no viene preestablecida por la
ley, ni responde a un delito o a otro presupuesto fáctico, ni la decide
un juez en sede de condena o de ejecución sino, según su arbitrio, una
autoridad penitenciaria; y son contrarias, por su régimen especial
(prohibición de contactos con el exterior, aislamiento agravado más
allá de las más duras sanciones disciplinarias, restricciones y medidas
de seguridad atípicas y, en ocasiones, inútilmente vejatorias) a
la ley de 1975, y en particular a sus artículos 15, 18, 28, 29, 38, 39,
40 y 42.
En sama, con la difusión de las cárceles especiales se ha instaurado
un régimen carcelario dual: la pena ordinaria de cárcel común y la
pena, doblemente segregadora, de cárcel especial. Este régimen ha
quedado consagrado por la ley n. 663 de 10.10.1986, que ha sustituido
el art. 90 de la reforma de 1975 con un artículo 41 bis de contenido
casi idéntico pero que, además, ha legalizado la práctica de la
clasificación, introduciendo, con los arts. 14 bis, 14 ter y 14 quater, el
llamado régimen de vigilancia particular, esto es, un tratamiento particularmente
restrictivo al que pueden ser sometidos los detenidos en
/
razón del presupuesto, no bien definido, de que «con su comportamiento
comprometan la seguridad o perturben el orden del establecimiento.,
o .impidan con violencias o amenazas la actividad de los
demás», o «se prevalgan de la situación de subordinación de los
demás frente a ellos.. Situaciones que justificarían simplemente un incremento
de la vigilancia interior y exterior de los establecimientos,
han terminado siendo la coartada de discriminaciones subjetivas, y
también punitivas, en el tratamiento de los concretos condenados.
La segunda tendencia a que responde este proceso de diferenciación
de la pena carcelaria se manifiesta a través de la misma ley
Gozzini n. 663 de 1986, que ha acentuado las diferencias introducidas
por la reforma del setenta y cinco entre los regímenes penales, no sólo
al legalizar la vigilancia particular (art. 3) sino, sobre todo, al extender
los beneficios y las medidas alternativas antes enumeradas, así como el
carácter potestativo de sus presupuestos20. Bastará recordar los permisos-premio,
que se pueden conceder de 15 a 45 días por año a los
«condenados que hayan tenido una conducta correcta y no resulten de
particular peligrosidad social* (art. 9); el arresto domiciliario, que
puede sustituir a las penas no superiores a dos años, siempre que así lo
exijan consideraciones de esalud, estudio, trabajo o familia* (art.