DERECHO Y RAZÓN TEORÍA DEL GARANTISMO PENAL. LUIGI ...

IV. FENOMENOLOGIA. LA FALTA DE EFECTIVIDAD DE LAS GARANTIAS
Este resultado ha sido el producto de una legislación aluvional que
ha generado, en los años setenta y ochenta, un intrincadísimo alabe-
rinto aritmético-topográfico-legislativo*, como lo ha llamado Franco
Cordero 14, con innumerables duplicaciones o incrementos de un
medio o de un tercio sobre duplicaciones precedentes o sobre otros in-
crementos de distinta entidad. según las diversas fases e instancias del
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juicio, según las diversas penas legalmente previstas y según los di-
versos jueces competentes en razón de los diversos delitos enjuiciados.
El momento de máxima expansión de la institución -cuyas vicisitu-
des desde el pasado siglo hasta 1970 se han recordado en el apartado
38.2- fue el año 1974, año en el que puede datarse el arranque de la
legislación de la emergencia. Y de 11.4.1974 es el decreto ley n. 99,
que duplicó la duración máxima de la prisión preventiva para las ú1-
timas fases del juicio, llevándola, para los delitos más graves, hasta
ocho años (art. 1.5, n. 3). Le siguó la ley Reale n. 152 de 22.5.1975,
que introdujo la prohibición de la libertad provisional para numerosos
delitos (art. 1) y amplió los supuestos de detención judicial por par-
te de la policía (art. 3). Después, la ampliación, obra del art. 1 del d.1.
n. 151 de 30.4.1977, de los casos de suspensión del cómputo de los
plazos a los casos de dilaciones debidas al acusado. Más tarde, para
delitos de terrorismo, la prolongación en un tercio de todos los plazos
anteriores -hasta un máximo de 10 años y 8 meses-, obra de los
arts. 10 y 11 del d.1. n. 625 de 15.12.1979. Luego, la reducción de los
plazos máximos de la fase instructoria, y por tanto de las demás
fases, en su mitad para los delitos más leves y en su cuarta parte
para los más graves -salvo la posibilidad del aumento motivado de
un tercio para los delitos de mafia y de terrorismo y sólo en la fase de
instrucción-, así como la rebaja a seis años de duración máxima para
todo tipo de delitos dispuesta por la ley n. 398 de 28.7.1984. ltem
más, la suspensión del término por las dilaciones achacables a la de-
fensa, el no cómputo de los días de audiencia y de deliberación de la
sentencia más que a los fines de duración total de la medida; y, ade-
más, la posibilidad, pero ya no sólo en los procesos de mafia y terro-
rismo, de una prórroga motivada de los plazos hasta en su mitad
para la fase comprendida entre la sentencia en primera y segunda ins-
tancia, establecidas por los arts. 1,2 y 5 de la ley n. 29 de 17.2.1987.
Al mismo tiempo, en los años de la emergencia, se aumentaron
progresivamente, los casos de captura obligatoria: ya no sólo los de-
litos castigados con reclusión perpetua o con pena no inferior, en su
mínimo, a 5 años o, en su máximo, a 15 (o a 10 para los delitos con-
tra la personalidad del estado), o los de trata de esclavos, de expen-
dición de estupefacientes y de falsificación de moneda (art. 253 c.p.p.,
modificado Dor el art. 7 de la lev n. 517 de 18.6.1955). sino también
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todos los delitos, incluidos los más leves, agravados por la finalidad de
terrorismo (art. 8 del d.1. n. 625 de 15.12.1979), así como el delito de
asociación de tipo mafioso (art. 5 de la ley n. 646 de 13.9.1982) y los