DERECHO Y RAZÓN TEORÍA DEL GARANTISMO PENAL. LUIGI ...

10. EL SUBSISTEMA PENAL ORDINARIO
credibilidad y de eficacia del sistema en su conjunto. Finalmente, la hi-
pertrofia penal es un factor evidente de ineficacia, que atasca la ma-
quinaria judicial con problemas baladíes y múltiples, que prolonga los
y la distrae de los asuntos más importantes.
Esta -- tendencia inflacionaria del sistema hacia modelos de derecho
penal máximo ha sido en parte contrarrestada, durante algunos años,
con normas despenalizadoras, esto es, con la degradación de ciertos
ilícitos penales, antes castigados con penas pecuniarias, a administrativos.
Las primeras medidas en esta dirección fueron la ley n. 317 de
3.5.1967, que despenalizó las contravenciones de tráfico castigadas
sólo pecuniariamente; la ley n. 950 de 9.10.1967, que despenalizó
las transgresiones a las normas de policía forestal; y la ley n. 706 de
24.12.1975, que despenalizó todas las contravenciones castigadas
sólo con sanción pecuniaria, excepción hecha de las de naturaleza tributaria.
Sin embargo, la actuación reformadora más orgánica e importante
llegó, siguiendo los pasos de la análoga ley alemana de
24.5.1968, con la ley n. 689 de 24.1 1.1981, que, por un lado, ha ex-
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tendido la despenalización, aunque con numerosas excepciones (art.
34), a todos los delitos -comprendidos los graves- castigados sólo
con pena pecuniaria (art. 32); por otro lado ha introducido una nueva
regulación general aplicable tanto a los delitos despenalizados como a
todos los ilícitos administrativos (excluidos los disci~linarios). aue
quedan cubiertos por algunas garantías penales (legalidad, cul~6ilidad
y causas de . - justificación) y cuya sanción es impugnable ante el
juez ordinario ".
La medida es todavía demasiado tímida e inadecuada. Un replan-
teamiento racional de los límites del derecho penal, en efecto, debería
proceder, cuando menos, a la despenalización de todas las contra-
venciones, aun las castigadas con arresto, y no sólo de los delitos
sancionados con multa, incluso como alternativa a la privación de li-
bertad. No se propone aquí, naturalmente, un criterio de diferencia-
ción teórica entre ilícitos penales e ilícitos merecedores de despenali-
zación; sin embargo, el hecho de que el legislador haya decidido
calificar determinadas conductas como simples contravenciones o
bien admitir su punición, a discreción del juez, con una simple multa,
es suficiente para suponer que las ha considerado menos lesivas que
10s demás delitos; y esto, en una perspectiva de derecho penal mínimo,
es, sin duda, un primer criterio pragmático de despenalización, idóneo
para satisfacer nuestro principio de necesidad o de economía del de-
recho penal.
En el la no teórico, tal como se dice en el apartado 33.6, una des-
penalización de esta naturaleza produciría una radical simplificación
del sistema penal. En primer lugar, se lograría una simplificación de la
noción legal de «hecho punible., que vendría a coincidir con la de
«delito», con los requisitos subjetivos y objetivos propios de éste.
En segundo lugar, lograríamos una simplificación del concepto de