DERECHO Y RAZÓN TEORÍA DEL GARANTISMO PENAL. LUIGI ...

III. TEORIA. LAS RAZONES DEL DERECHO PENAL
ces 257. La crítica pública de las actividades judiciales -no la genérica
de los males de la justicia, sino la argumentada y documentada dirigi-
da a los jueces en particular y a sus concretas resoluciones- expresa,
en efecto, el punto de vista de los ciudadanos, externo al orden judicial
y legitimado por el hecho de que su fuerza no se basa en el poder sino
únicamente en la razón; y es tanto más eficaz si proviene también de
otros magistrados, por la ruptura que provoca de la solidaridad cor-
porativa y de las apariencias técnico-jurídicas que envuelven siempre
las decisiones. Es por esta vía, mucho mejor que a través de las san-
ciones jurídicas o políticas, como se ejerce el control popular sobre la
justicia, se rompe la separación de la función judicial, se emancipan los
jueces de los vínculos políticos, burocráticos y corporativos, se desle-
gitiman los malos magistrados y la mala jurisprudencia y se elabora y
se da continuamente nuevo fundamento a la deontología judicial.
Es obvio que esta forma de responsabilización de los jueces re-
quiere una serie de presupuestos sociales e institucionales. Los presu-
puestos sociales son los generales de la democracia: la maduración
civil y política de los ciudadanos en torno a las cuestiones de la jus-
ticia; su atención y participación constante en la vida pública; su
conflictividad social y su solidaridad civil y política con los derechos
lesionados; la plenitud, la independencia y la corrección de la infor-
mación judicial por parte de la prensa; el compromiso civil y el hábi-
to de oposición de la cultura jurídicazs8. LOS presupuestos institucio-
nales son más simples pero no menos esenciales: sobre todo, la
obligación de la motivación analítica de toda resolución judicial, sin la
que, como escribía Carrara, «esta vigilancia será del todo imposi-
ble* 25y; en segundo lugar, la supresión de cualquier forma de penali-
zación de la libertad de crítica y de censura en relación con los ma-
gistrados, como es todavía en Italia la previsión del delito de desacato
contra el orden judicial; en tercer lugar, la generalización del principio
de publicidad a todas las fases del proceso y la abolición o, al menos,
la máxima limitación del secreto sumarial.
Por último, una cuarta condición institucional de la responsabili-
zación social de los jueces es la personalización de todas las funciones
judiciales, sean decisorias o de acusación: a través de la institución del
juez monocrático de primer grado y la consiguiente supresión de la
distinción entre tribunales y preturas y, por otro lado, mediante la in-
troducción de la obligación de dar cuenta, en todas las decisiones co-
legiadas, del eventual disenso de uno o varios componentes del tribu-
nal y de sus votos particulares 260. Porque, en efecto, uno de los
principales factores de la irresponsabilidad de los jueces, es el anoni-
mato en el que a veces se esconde su actividad. Con la personalización
de las funciones judiciales, la paternidad de los juicios no estaría re-
ferida a entidades anónimas como el Tribunal, la Corte de Apelación,
la Corte de Casación, la Sección Instructora, la Magistratura y otras
abstracciones similares, sino a los magistrados concretos que toman