DERECHO Y RAZÓN TEORÍA DEL GARANTISMO PENAL. LUIGI ...

II. AXIOLOGIA. LAS RAZONES DEL DERECHO PENAL
cionalistas de la ((prevención-integración», que justifican la pena con
el valor intrínseco de las exigencias de conservación y reforzamiento
de los sentimientos de fidelidad al derecho; ya, finalmente, en las
doctrinas correccionales de inspiración católica o positivista que con-
ciben el delito como enfermedad moral o natural y la pena como
«medicina» del alma o ((tratamienton terapéutico. En todos los casos
el medio punitivo se identifica con el fin, es decir, se concibe como un
bien que es fin en sí mismo; y la justificación de la pena, al resolverse
en una justificación apriorística e incondicionada, se reduce a una pe-
tición de principio. Estas diversas clases de doctrinas eticistas son
por consiguiente ideológicas en los dos sentidos ya ilustrados. Más
exactamente, las doctrinas retribucionistas y las integracionistas son
ideologías naturalistas, dado que valoran como fin el carácter retri-
butivo o funcional de la pena, que es un hecho, tomando como justi-
ficación la motivación jurídica o incluso la explicación de la función y
deduciendo así el deber ser del ser. A la inversa, las doctrinas correc-
cionales de la prevención especial son ideologías normativistas, dado
que acreditan como función el fin correccional de la pena, asumiendo
que queda satisfecho de un modo apriorístico aunque de hecho no
esté realizado o incluso sea irrealizable, deduciendo así el ser del
deber ser.
Más compleja resulta la crítica metaética de las doctrinas utilita-
ristas de la prevención negativa, tanto general como especial. A dife-
rencia de las retribucionistas y de las de la prevención positiva, estas
doctrinas tienen el mérito de disociar los medios penales, concebidos
como males, de los fines extra-penales idóneos para justificarlos. Y
esta disociación, como se dijo en el apartado 20.1, es una condición
necesaria a) para valorar los costes que representan las penas frente a
los daños que éstas tienen como fin prevenir, b) para impedir la au-
tojustificación de los primeros en virtud de la confusión entre derecho
y moral, c) para hacer posible la justificación, antes que de las penas,
de las prohibiciones penales, sobre la base de finalidades externas a las
penas y al derecho penal. Aun siendo necesaria, esta condición no es
sin embargo suficiente para fundamentar en el plano metaético crite-
rios de justificación que sean idóneos no sólo para legitimar, sino tam-
bién para deslegitimar las penas. Y ello depende del hecho de que el
fin justificador propuesto también por estas doctrinas utilitaristas,
como se ha dicho en el apartado 20.2, es sólo la máxima utilidad po-
sible de los no desviados y no además el mínimo sufrimiento necesario
de los desviados, de manera que en línea de principio ninguna pena
resulta injustificada, al no problematizarse ni discutirse el coste de las
penas sufrido por quienes, con o sin razón, son sometidos a ellas. Por
eso estas doctrinas se prestan a ser utilizadas directamente también
como justificaciones de sistemas de derecho penal máximo, viciadas
ideológicamente por la falta del segundo tipo de requisitos metaéticos
anteriormente establecidos.