DERECHO Y RAZÓN TEORÍA DEL GARANTISMO PENAL. LUIGI ...

9. EL JUICIO. CUANDO Y COMO JUZGAR
de ordenamientos liberales y duraderos, y que quiera corresponder a
los fines de la tutela jurídica (en la cual consiste íntegra la única
razón de ser de la autoridad social), es de suprema necesidad que el
poder judicial sea un obstáculo sólido y perpetuo para los posibles
abusos del poder ejecutivo» 170. Y esta función de .rémora» o «freno»
puede ser desarrollada por el poder judicial -poder tercero, además
de tercer poder- precisamente porque no es representativo, sino su-
jeto únicamente a la ley y obligado a la averiguación de la verdad, cua-
lesquiera que fueren los sujetos juzgados y los contingentes intereses
dominantes. En este sentido la función judicial es una «garantía. de
todos los ciudadanos frente al mismo gobierno representativo: alos
poderes que abandonan en manos de los que no son directamente res-
ponsables ante el pueblo., afirmó otro clásico pensador liberal, John
Stuart Mill, «deben considerarse como precauciones que el poder do-
minante permite sean tomadas contra sus propios errores» I7l.
3. La imparcialidad del juez y la forma triangular de la relación
procesal. La recusabilidad de los jueces. El defensor público. La se-
paración del juez de la acusación, requerida por nuestro axioma A8 y
ahora indicada como primera garantía orgánica, supone la configu-
ración del proceso como una relación triangular entre tres sujetos, dos
de los cuales están como partes en la causa, y el tercero super partes:
el acusador, el defensor y el juez. Esta estructura triádica constituye,
como se ha visto, la primera seña de identidad del proceso acusatorio.
Y es indispensable para que se garantice la ajenidad del juez a los dos
intereses contrapuestos -el de la tutela frente a los delitos, represen-
tado por la acusación, y el de la tutela frente a los castigos arbitrarios,
representado por la defensa- que además corresponden a los dos
fines, perfectamente compatibles en abstracto pero siempre conflicti-
VOS en concreto, que, como se ha visto, justifican el derecho penal.
*Las partes que están en controversia acerca de un derecho», escribió
Hobbes, «deben someterse al arbitraje de una tercera personan 172.
Esta imparcialidad del juez respecto de los fines perseguidos por
las partes debe ser tanto personal como institucional. Es necesario, en
primer lugar, que el juez no tenga ningún interés privado o personal
en el resultado de la causa: «nadie debe ser juez o árbitro en su propia
causa» y por ello -son palabras de Hobbes- «nadie debe ser árbitro
si para él resulta aparentemente un mayor provecho, material o espi-
ritual, de la victoria de una parte que de la de la otra* 173. Como ga-
rantía de esta indiferencia o desinterés personal respecto a los intere-
ses en conflicto, se hace necesaria la recusabilidad del juez por cada
una de las partes interesadas. Y si para la acusación esta recusabilidad
tiene que estar vinculada a motivos previstos por la ley, debe ser tan
libre como sea ~osible para el imputado 174. El juez, que, como se ha
dicho en el apartado 37.5, no debe gozar del consenso de la mayoría,
debe contar, sin embargo, con la confianza de los sujetos concretos