DERECHO Y RAZÓN TEORÍA DEL GARANTISMO PENAL. LUIGI ...

IV. FENOMENOLOGIA. LA FALTA DE EFECTIVIDAD DE LAS GARANTIAS
sión de hasta un año o de multa. Por otra parte, la total discrecionalidad
e irrefutabilidad de las sospechas policiales sobre la falsedad de
las declaraciones o de los documentos exhibidos transforman esta
medida en una detención policial o de seguridad pública.
No es, por el contrario, ni un arresto ni una detención, aunque se
preste a los usos y abusos del uno y de la otra, el traslado a comisaría
tor razones de seguridad pública, previsto por el art. 15 del Texto
Unico de las leves de seguridad ~úbiica n. 773 de 18.6.1931. Esta medida,
que en vérdad haubría quLincluir entre las de orden público, de
las que se hablará en el próximo apartado, puede aplicarse a la persona
«invitada a comparecer» ante las autoridades de la seguridad pública
y que ((no se presentare en el plazo prescrito.. La convocatoria
se configura aquí como un acto (*invitación») que no requiere motivación
y que es, por ello, totalmente potestativo; y la desobediencia
está considerada como un delito contravencional punible alternativamente
con arresto o con multa. Este mecanismo ~ermite el abuso de
que un ciudadano -al que puede citar y, eventualmente, ordenar su
presentación el propio juez sólo mediante decreto motivado que indique
si se hace a título de imputado o de testigo (arts. 132 y 133
c.p.p.) y sin que la incomparecencia constituya delito- pueda ser
((invitado. por la policía, sin información ninguna sobre los motivos,
llevado después coactivamente a las dependencias policiales, e incluso
ser sometido a las anotaciones ~revistas en el art. 4 del mismo texto
único y en el art. 349 c.p.p. o a los interrogatorios sumarios sin defensor
de los artículos 350.5 y 351.
La clausura de sedes políticas sospechosas (las llamadas «madrigueras*)
ocupa un lugar propio, en la medida en que no supone restricción
de la libertad personal sino el mero empleo de fuerza. El art.
3 de la ley n. 533 de 8.8.1977 ha atribuido no sólo a la autoridad judicial,
con la simple base de que el proceso está pendiente, sino también
autónomamente a la policía «en caso de flagrancia,, de los delitos
.relativos a armas» o de los «previstos en los arts. 241, 285, 286 y
306 del código penal y de la ley de 20 de junio de 1952, n. 645~, la
facultad de proceder al «secuestro de inmuebles que sirvan de sede a
entes, asociaciones o grupos, cuando en ellos se encuentren armas de
fuego, explosivos o mecanismos incendiarios o explosivos o bien
cuando el propio inmueble tenga relación con el delito.. Si se considera
la total indeterminación del supuesto de que el inmueble tenga
relación con el delito y, aún más, de la figura de la «flagrancia» -siempre
concurrente en los delitos permanentes, como son éstos- se comprenderá
el carácter puramente potestativo de estas decisiones, ya
sea la autoridad judicial o la policial quien las tome.
3. Los poderes de instrucción de la policía en el proceso ordinario.
Además del poder de limitar la libertad personal, la policía está in-
vestida, incluso en el nuevo código procesal, de auténticos y propios