DERECHO Y RAZÓN TEORÍA DEL GARANTISMO PENAL. LUIGI ...

V. PARA UNA TEORIA GENERAL DEL GARANTISMO
vada de la autoridad judicial, cuando concurran indicios de crimina-
lidad y similares). De los derechos sociales, a los que corresponden
obligaciones, resultan por el contrario predeterminables los contenidos
pero no los límites, siendo variables las necesidades y las expectativas
que expresan, como también lo es el grado en que pueden ser satisfe-
chas, según los momentos, los lugares, las circunstancias y, sobre
todo, el grado de desarrollo económico y civil: así, los derechos a la
educación, a la salud o a la subsistencia remiten a obligaciones de
prestaciones cuantitativamente cambiantes según los distintos niveles
de vida consentidos en cada ordenamiento. Además, tanto los dere-
chos de libertad como los derechos sociales forman una categoría
abierta en cuanto al número y, asimismo, variable no sólo según las
culturas sino también según las amenazas a las condiciones de vida:
por ejemplo, los derechos a la protección del medio ambiente se han
impuesto sólo en años recientes por ser relativamente reciente la obra
de destrucción del planeta que ellos aspiran a impedir. En todos los
casos los derechos fundamentales corresponden a valores y a necesi-
dades vitales de la persona histórica y culturalmente determinados. Y
es por su calidad, cantidad y grado de garantía como puede ser defi-
nida la calidad de una democracia y medirse el progreso 14.
No es éste el lugar para hacer un análisis de los diversos derechos
fundamentales. Me limitaré a señalar dos problemas teóricos, en
parte relacionados: las relaciones entre los diversos derechos y la na-
turaleza de sus garantías jurídicas. El primer problema es de carácter
ético-político e impone opciones de valor en orden a la jerarquía y al
equilibrio entre los diversos derechos fundamentales, así como a los
criterios de solución de los conflictos entre los sujetos que son sus ti-
tulares. ¿Qué ofensas o amenazas para otros derechos fundamentales
autorizan a limitar los derechos de libertad, de la libertad personal a
la libertad de palabra, de la libertad de reunión y de asociación a los
derechos a la vida privada, a la propia imagen, al domicilio y a la co-
rrespondencia? La respuesta a esta pregunta viene dada en buena
parte por la ciencia penal y se identifica, como hemos visto en este
libro, con la individualización de los bienes jurídicos merecedores de
tutela penal, así como de los medios sancionadores y de las técnicas
procesales justificadas por ese fin: en una palabra, con el conjunto de
los principios de derecho penal mínimo expresados por las garantías
penales y procesales. Por lo demás, estos mismos principios - de jus-
tificación externa y, si están constitucionalizados, de legitimación in-
terna- indican la existencia de derechos fundamentales absolutos,
por así decirlo, por encontrarse jerárquicamente supraordenados a
todos los demás derechos fundamentales y no ser limitables por nin-
guna razón, ni siquiera para la tutela de otros derechos fundamenta-
les: piénsese en el derecho a la vida, cuya privación no puede justificar
ningún delito y, menos aún, ninguna razón de estado; o en la libertad
de conciencia y de opinión, garantizada (a diferencia de la libertad de