DERECHO Y RAZÓN TEORÍA DEL GARANTISMO PENAL. LUIGI ...

III TEORIA LAS RAZONES DEL DERECHO PENAL
dos por el delito; a solicitar y, donde sea necesario, a remediar la iner-
cia culpable de los órganos públicos; a permitir la participación y el
control popular del ejercicio de la acción penal e indirectamente de la
función judicial en su conjunto l18. Al contrario que en la tradición in-
quisitiva, donde la acusación era obligatoria para los ciudadanos y, de
hecho, discrecional para los acusadores públicos '19, la acción penal
debe ser, en suma, un deber para los órganos del ministerio público y
un derecho para los ciudadanos.
Por otra parte, por «obligatoriedad» de la acción penal no debe
entenderse, como se ha dicho a propósito de la cinderogabilidad~ del
juicio, un irrealizable deber de proceder por el más «leve» u .oculto
delito*, sino sólo la obligación de los órganos de la acusación pública
de promover el juicio sobre toda notitia criminis que llegue a su co-
nocimiento, aunque sea para pedir después el archivo o la absolución,
cuando consideren que el hecho es penalmente irrelevante o que no
existen indicios de culpabilidad. En este sentido, la obligatoriedad de
la acción penal es sólo un aspecto, o si se quiere un corolario, de otros
rasgos estructurales y esenciales del sistema garantista SG: sobre todo
de la legalidad o sujeción sólo a la ley de toda la función judicial, que
excluye su activación conforme a criterios puramente arbitrarios y po-
testativos; en segundo lugar, de la indisponibilidad de las situaciones
penales, que impide el valor dirimente de la confesión del imputado o
el poder absolutorio de los órganos de la acusación y, en general, la
relevancia de las transacciones, aceptaciones o renuncias, entre las
partes en causa; en tercer lugar, del principio de igualdad penal, que
excluye toda disparidad de tratamiento de los delitos ligada a opcio-
nes potestativas sobre la oportunidad del proceso, o, peor aún, a va-
loraciones acerca del comportamiento procesal del imputado y en
particular sobre su disponibilidad a entrar en tratos con la acusación.
Estos mismos principios y el de obligatoriedad de la acusación que
de ellos se sigue exigen, en fin, la extensión a los órganos requirentes
de las mismas garantías de independencia y de sujeción sólo a la ley,
reservadas a los órganos judiciales. También sobre este punto es ne-
cesario romper con un lugar común: la idea de que los órganos de la
acusación deban ser estructurados jerárquicamente, e incluso depender
de alguna articulación del poder ejecutivo o legislativo, sólo por el
hecho de que se encuentran situados fuera del orden judicial. Al con-
trario, lo que se precisa, en garantía de la obligatoriedad de la acción
penal y por tanto de su sujeción sólo a la ley, es también la total au-
tonomía del órgano encargado de su ejercicio, frente a cualquier
poder o condicionamiento, y, además, la existencia de una policía efi-
ciente, profesionalizada, a su vez libre de las injerencias del ejecutivo
o de otros poderes, situada bajo su dependencia.
4. Procedibilidad de oficio y condiciones de procedibilidad. La pu-
blicidad y la obligatoriedad de la acción penal no se ven negadas