DERECHO Y RAZÓN TEORÍA DEL GARANTISMO PENAL. LUIGI ...

IV. FENOMENOLOGIA. LA FALTA DE EFECTIVIDAD DE LAS GARANTIAS
inútil esperar que la ciencia subordine a preceptos jurídicos absolutos
las medidas y providencias que, en circunstancias excepcionales de
perturbación pública, en la práctica siempre se guían únicamente por
el miedo, que entre todos los sentimientos es el que menos razonan 47.
2. Perspectivas de reforma de la legislación. Una reformulación garantista
del derecho penal supone hoy, ante todo, la clausura del período
de la emergencia. «Cuando una República ha conseguido destruir
a los que querían acabar con ella., escribe Montesquieu, «tiene
que apresurarse a poner fin a las venganzas, a las penas e incluso a las
recompensas ... Hay que volver, lo más pronto posible, al ritmo ordinario
del gobierno, en el cual las leyes protegen sin dañar a nadie* 48.
Para que este «ritmo ordinario» no siga corrompiéndose y para que
las leyes no vuelvan a .dañar a nadie», el primer paso debería ser, así
pues, la supresión de cualquier forma de derecho penal especial, comenzando
por la figura del «delito político», sea en sentido objetivo
de «delito contra la ~ersonalidad del Estado». sea en el sentido subjetivo
de «delito determinado en todo o en parte por motivos políticos~,
como por ejemplo los *fines de terrorismo*.
El delito político, como estableció hace dos siglos el art. 62 del código
penal de Pedro Leopoldo, si no equivale a un delito común, no se
justifica como figura criminal especial. Ya he hablado en el apartado
33.6 de la posibilidad de suprimir o, todo lo más, reconducir a delitos
comunes, consumados o intentados, muchos de los actuales delitos
contra la personalidad del estado: los desacatos, los atentados, los delitos
asociativos y de conspiración. Añado ahora que no existe razón
para no incluir entre los delitos comunes los otros pocos delitos políticos
que, al igual que las malversaciones de fondos públicos o de los
cohechos lesionan bienes jurídicos concretos de carácter público,
como el sabotaje, el espionaje, la usurpación o la obstaculización de
funciones ~úblicas. En cuanto a los restantes delitos olí tic os. en la
medida en que tienen por objeto entidades ambiguas y abstractas
como la «personalidad» o .el interés político» del estado, no son
algo distinto de los antiguos delitos de lesa majestad y su punición no
se justifica, sino que, al contrario, ha de excluirse. Esta inconsistencia
y vaguedad de su objeto jurídico reenvía de hecho inevitablemente a la
figura del tipo de autor. Y comporta, como la experiencia enseña, una
distorsión sustancialista y subjetivista de los supuestos de hecho, una
perversión inquisitiva del proceso penal y una connotación del reo
como enemigo que ha de resultar absolutamente ajena al estado de derecho
49.
De ahí se sigue que para el derecho no deben existir delincuentes
políticos sino sólo delincuentes comunes: en el doble sentido en el que
ningún hecho no contemplado como delito común debe ser penalizado
por razón exclusiva de su carácter «objetivamente político» y ningún
delito debe ser tratado de forma distinta que los demás por razón