DERECHO Y RAZÓN TEORÍA DEL GARANTISMO PENAL. LUIGI ...

III. TEORIA. LAS RAZONES DEL DERECHO PENAL
una legitimación de tipo representativo o consensual, sino sólo una le-
gitimación de tipo racional y legal, precisamente por el carácter cog-
noscitivo de los hechos y recognoscitivo de su calificación jurídica exi-
gido a las motivaciones de los actos jurisdiccionales. Veritas, non
auctoritas facit iudicium, decíamos inicialmente a propósito de la ju-
risdicción, invirtiendo el principio hobbesiano auctoritas, non veritas
facit legem, que vale por el contrario para la legislación. No puede
castigarse a un ciudadano sólo porque ello responda al interés o a la
voluntad de la mayoría. Ninguna mayoría, por más aplastante que
sea, puede hacer legítima la condena de un inocente o subsanar un
error cometido en perjuicio de un solo ciudadano. Y ningún consenso
político -del parlamento, la prensa, los partidos o la opinión públi-
ca- puede suplantar la falta de prueba de una hipótesis acusatoria.
En un sistema penal garantista, el consenso mayoritario o la investi-
dura representativa del juez no añaden nada a la legitimidad de la ju-
risdicción, dado que ni la voluntad o el interés general ni ningún
otro principio de autoridad pueden hacer verdadero lo falso, o vice-
versa.
4. Verdad y libertad como valores de la jurisdicción y fundamentos
axiológicos de la división de poderes. Este nexo entre verdad y validez
de los actos jurisdiccionales representa el primer fundamento teórico
de la división de poderes y de la independencia del poder judicial en el
moderno estado representativo de derecho. Una actividad cognosciti-
va, aunque incluya inevitablemente opciones, convenciones y mo-
mentos de decisión, no puede, por principio, someterse a otros impe-
rativos que no sean los inherentes a la investigación de la verdad. Y
cualquier condicionamiento de poder externo, por más acreditado
que pueda estar ética o políticamente, no sólo no contribuye al escla-
recimiento de la verdad, sino que por el contrario se opone a ese fin.
El principio de autoridad, aunque la autoridad sea «democrática» y
expresión de la mayoría o incluso la unanimidad de los asociados, no
puede ser nunca un criterio de verdad.
Pero hay una segunda razón -no menos importante y más direc-
tamente ligada a la teoría política del estado de derecho- que está en
la base de la división de poderes y de la naturaleza exclusivamente
legal de la legitimación de la jurisdicción. Consiste en el hecho de que
el ejercicio del poder judicial, tanto en sus funciones de enjuiciamien-
to como en las de acusación, incide sobre las libertades del ciudadano
como individuo. Y para el individuo el hecho de que tal poder sea
ejercido por la mayoría no representa en sí mismo ninguna garantía:
«cuando siento que la mano del poder pesa en mi frente., escribe
Tocqueville, .me importa poco saber quién me oprime y no estoy más
dispuesto a poner mi cabeza bajo el yugo porque un millón de brazos
me lo presenten* 3. Si acaso, para (la libertad y la verdad de) quien
está sujeto a la justicia penal, y que con frecuencia es un «desviado»