DERECHO Y RAZÓN TEORÍA DEL GARANTISMO PENAL. LUIGI ...

9. EL JUICIO. CUANDO Y COMO JUZGAR
justificar una violación, tan grave y perturbadora de todas las garan-
tías penales y procesales, como es la pena anticipada sin juicio? La ver-
dad es que semejante peligro no es un gran peligro. Sobre todo es muy
difícil, en una sociedad informatizada e internacionalmente integrada
como la actual, una fuga definitiva; y tal vez bastaría como medio di-
suasorio una mayor vigilancia del imputado, sobre todo en los días in-
mediatamente anteriores a la sentencia. En segundo lugar, la fuga
decidida por el imputado, al obligarle a la clandestinidad y a un esta-
do de permanente inseguridad, es ya de por sí, normalmente, una
pena gravísima, semejante a la antigua acqua et igni interdictio pre-
vista por los romanos como pena capital 76. En tercer lugar, cuando la
fuga hiciera perder la pista del imputado, se habría conseguido en la
mayor parte de los casos el efecto de neutralizarlo, dando así satis-
facción a los fines preventivos del derecho penal. En definitiva, el pe-
ligro de fuga es directamente proporcional a la severidad de las penas.
Un ordenamiento -por ejemplo- que previera la pena de muerte
muy difícilmente podría renunciar por algún tiempo a poner las
manos sobre el acusado para colocarle a buen recaudo después de la
condena al verdugo. De ello se desprende que la mitigación de las
penas reduce proporcionalmente el peligro de fuga de los imputados.
En particular, la abolición de la pena privativa de libertad o incluso
sólo la reducción de la duración máxima de la misma a diez años
-propuesta en el apartado 31-, al reducir drásticamente el miedo a
la pena, favorecería después la desaparición de la prisión preventiva.
4. Un proceso sin prisión provisional. Así pues, esa contradicción en
los términos que es la cárcel sin juicio podría eliminarse, al menos
hasta la conclusión del juicio en primera instancia. El imputado debe
comparecer libre ante sus jueces, no sólo porque así se asegura la dig-
nidad del ciudadano presunto inocente, sino también - es decir, sobre
todo- por necesidades procesales: para que quede situado en pie de
igualdad con la acusación; para que después del interrogatorio y
antes del juicio pueda organizar eficazmente sus defensas; para que el
acusador no pueda hacer trampas, construyendo acusaciones y ma-
nipulando las pruebas a sus espaldas. La única necesidad procesal que
puede justificar una coacción momentánea -la de evitar la contami-
nación de las pruebas antes del primer interrogatorio- se vería sa-
tisfecha, al menos en parte, por la presentación coactiva del imputado
ante el juez, al objeto de hacer posible la imputación formal del
hecho y el ejercicio de las primeras defensas sin la oportunidad de pre-
parar alteraciones fraudulentas. Es cierto que, sobre todo para algu-
nos delitos graves, existe el peligro de que, incluso después del primer
interrogatorio y de las primeras comprobaciones, el imputado altere
las pruebas. Pero ningún valor o principio puede satisfacerse sin cos-
tes. Y éste es un coste que el sistema penal debe estar dispuesto a
pagar, si quiere salvapardar su razón de ser.