DERECHO Y RAZÓN TEORÍA DEL GARANTISMO PENAL. LUIGI ...

10 EL SUBSISTEMA PENAL ORDINARIO
también de factores específicos, de los que se hablará ampliamente en
los próximos capítulos, pero que conviene resaltar desde ahora: las su-
cesiva~ estratificaciones que han dado lugar a la formación de nuestro
ordenamiento penal; la creciente expansión del papel judicial frente a
10s cambios del sistema político y a la aparición de formas de crimi-
nalidad organizada que escapan a los parámetros de la legalidad es-
fi-icta; la tendencia, congénita al poder punitivo legal o judicial, a
de modo absoluto más allá de los límites establecidos por
las normas que lo regulan.
El factor más evidente es, sin duda, la política legislativa desarro-
Hada en materia penal en los años de la república. Ha ocurrido que la
constitución de 1948, con su conjunto de principios garantistas, se
sobrepuso, sin más, a los códigos Rocco de 1930, que han permane-
cido en vigor en la época republicana durante un tiempo tres veces
mayor que durante el fascismo y superior, en conjunto, al de todos los
códigos penales de nuestra historia h. Las tres divergencias fueron así
agravadas merced a una imponente legislación excepcional que en
los años setenta ha revitalizado las instituciones más odiosas de la le-
@lación fascista y que ha debilitado incluso sus frágiles lineamientos
garantistas. Y no ha sido tampoco superado por el nuevo código de
procedimiento penal, que si de un lado ha transformado nuestro pro-
ceso en sentido semi-acusatorio, por el otro ha terminado por acoger
instituciones policiales introducidas en el período de la emergencia,
desde el interrogatorio policial sin defensor hasta las reducciones de
penas acordadas discrecionalmente por la acusación sobre la base de
pactos con el imputado.
El segundo factor de crisis ha sido la ampliación sin precedentes
de la intervención penal, que ha invadido, sobre todo en el último de-
cenio, ámbitos tradicionalmente libres de control judicial, desde la cri-
minalidad de la administración pública y de la clase empresarial y
financiera, con su amplio espectro de delitos contra los intereses co-
lectivos, como el medio ambiente, la salud o la seguridad en el traba-
jo, hasta las viejas y nuevas manifestaciones de la criminalidad orga-
nizada, como el terrorismo, la mafia, la camorra y las variadas formas
de delincuencia ligadas al mercado de la droga. Este crecimiento des-
mesurado del control penal se debe, a su vez, a razones múltiples: en
primer lugar, a la corrupción de la clase política y administrativa, ma-
nifestada en formas de ilegalidad y latrocinio cada vez más difundidas
y sistemáticas, e, incluso, en !as altas esferas, en formas de subversión
(desde los intentos golpistas de los años sesenta a las innumerables
maniobras subversivas de los servicios secretos o a la creación de
facciones clandestinas que durante años han inficionado y amenazado
nuestras instituciones); en segundo lugar, a la ineficiencia de los
demás poderes del estado -parlamento, gobierno, burocracia- en el
ejercicio de los controles de su competencia, junto a su incapacidad,
equiparable sólo a su habilidad para la autoinmunización, de incidir