DERECHO Y RAZÓN TEORÍA DEL GARANTISMO PENAL. LUIGI ...

IV FENOMENOLOGIA. LA FALTA DE EFECTIVIDAD DE LAS GARANTIAS
to, toda función punitiva y procesal de la policía que no sea pura-
mente auxiliar respecto del proceso penal mina en sus fundamentos la
legitimidad misma del derecho penal, la cual, se ha dicho, tiene como
presupuesto el monopolio penal y judicial de la coerción punitiva y su
permanente ejercicio, como técnica de tutela de los bienes y los dere-
chos fundamentales, en la forma y con las reglas que garantizan la mi-
nimización de esta coerción.
En esta perspectiva, también las dos reformas principales de estos
últimos años -la reforma penitenciaria y el nuevo código de proce-
dimiento penal- deberían ser discutidas de nuevo. La diferenciación
penal y procesal introducida por ellas gracias al nuevo paradigma de
premios y transacciones puede no considerarse un legado perverso de
la emergencia en tanto en cuanto se conciba como una estrategia
contingente y transitoria de reducción de la aflictividad penal desti-
nada a una superación progresiva. Evidentemente, tal superación no
es concebible al margen de una perspectiva reformadora que afecte
ante todo al viejo código penal y a toda la variada legislación especial
que se ha acumulado en torno a él. Y eso requiere una programación
legislativa que sólo puede expresarse a través de una rigurosa recodi-
ficación dirigida a restaurar, con las garantías para los ciudadanos,
tanto la legitimación formal de la jurisdicción como la sustancial.
Esta programación debería apuntar en primer lugar a la rehabili-
tación de la forma de la ley penal, que ha entrado en crisis en las ú1-
timas décadas a causa de masivos procesos de descodificación, del uso
de un lenguaje legal deliberadamente oscuro y polisémico y, sobre
todo, de la creciente separación entre penas legales, penas judiciales y
penas cumplidas: en realidad, ni siquiera puede hablarse ya de suje-
ción a la ley, ni de garantías de certeza para los ciudadanos, cuando
las leyes son, en cuanto a los delitos, cajas vacías incapaces de poner
límites al arbitrio judicial y, en cuanto a las penas, indicaciones exce-
sivamente severas y por ello susceptibles de cualquier transacción. En
cuanto a los contenidos, una programación legislativa supone hoy la
recuperación de una dimensión axiológica a la altura de los valores de
la Constitución y capaz por ello de asegurar la tutela de todos y sólo
los bienes y derechos fundamentales en el sentido explicitado en el
apartado 33. Esto querría decir recodificar, conforme a un riguroso
criterio de economía, los bienes jurídicos merecedores de tutela penal;
despenalizar todos los delitos menores, desde las faltas hasta los deli-
tos castigados con simples penas pecuniarias, que no justifican penas
ni procesos; ampliar la esfera de la tutela civil y administrativa trans-
firiéndoles muchos intereses tutelados hoy penalmente; redefinir con el
máximo rigor el campo de denotación empírica de los supuestos de-
lictivos suprimiendo todas las figuras penales elásticas e indetermina-
das; expulsar del sistema toda forma manifiesta u oculta de respon-
sabilidad objetiva o colectiva; en fin, rebajar drásticamente las penas,
reduciéndolas de derecho a la medida a la que hoy se han reducido de