DERECHO Y RAZÓN TEORÍA DEL GARANTISMO PENAL. LUIGI ...

1 1 . EL SUBSISTEMA PENAL DE POLlClA
legalidad estricta, no existe acusación por un hecho ni, consiguiente-
mente, posibilidad de probar la culpabilidad o la inocencia, hacen de
estas medidas, aunque sean decididas por un órgano judicial, meras
decisiones administrativas de carácter puramente potestativo.
Hay que recordar además, aunque prácticamente hayan caído en
desuso, las dos medidas administrativas de prevención introducidas
por los arts. 25 a 31 de la ley n. 1404 de 20.7.1934, creadora del
Tribunal de menores: la asignación del menor de 18 años al servicio
social de menores o a una casa de reeducación o instituto médico-
psico-pedagógico. Estas medidas son aplicables por el tribunal de
menores al menor que .da prueba manifiesta de irregularidades de
conducta o de carácter» (art. 25), si está en marcha un procedimiento
criminal contra él y no está sometido a detención preventiva, o si el
procedimiento ha concluido con sobreseimiento por incapacidad de
entender y querer sin que se le haya impuesto la medida de seguridad
de reformatorio, o cuando se han concedido el perdón judicial o la
suspensión condicional de la pena, o, finalmente, si sus padres obser-
van una «conducta perjudicial» ex art. 333 del código civil (art. 26).
Por lo demás, en relación a los menores, el código civil de 1940,
hasta la reciente reforma del derecho de familia. conservó un verda-
dero y auténtico poder punitivo doméstico, libie de toda forma de
control o limitación: el art. 319, a imitación del art. 222 del código
civil de 1865, establecía que .el padre que no logra impedir la mala
conducta del hijo puede, salvo aplicación de Ias normas contenidas en
leyes especiales, confiarlo a una institución de corrección, con auto-
rización del presidente del tribunal)), que puede ser solicitada «inclu-
so verbalmente. v se acuerda «mediante decreto. sin formalidades v
sin declaración de motivos* 13.
3. Sujetos peligrosos y personas sospechosas. El sistema de medidas
de seguridad instaurado por la ley de 1956 para las personas peligrosas
ha sido desarrollado Dor dos leves sucesivas. cada una de las cuales
ha ampliado, como en el juego de las cajitas'chinas, su ámbito de
aplicación a las personas sospechosas: la ley antimafia n. 575 de
31.5.1965 y la ley Reale n. 152 de 22.5.1975.
La ley antimafia de 1965 ha extendido la aplicación de las medidas
de ~revención del artículo 3 de la ley de 1956 vigilancia " especial,
prohibición de residencia y confinamiento- a los «sospechosos
de pertenecer a asociaciones mafiosas.: no, pues, a quien sea declarado
culpable de un delito de mafia, incluidos los meramente asociativos,
sino a quien sea simplemente t sospechoso^ de ser un mafioso
(arts. 1 y 2). Para ellos, además, el art. 4 de la ley haintroducido un
arresto judicial especial, ejecutable por la policía, incluso para delitos
castigados con pena no inferior, en su máximo, a tres años, con una
duración que puede llegar a 14 días. Finalmente -con carácter general
y no sólo para los presuntos mafiosos- la misma ley ha introdu-