DERECHO Y RAZÓN TEORÍA DEL GARANTISMO PENAL. LUIGI ...

III. TEORIA. LAS RAZONES DEL DERECHO PENAL
prueba 3Ss. Es útil precisar que la legalidad del método de formación
de las pruebas, aunque sea un condicionamiento jurídico-normativo
de la verdad procesal y, por consiguiente, como se dijo en el apartado
4.4, un factor de divergencia del modelo ideal de la correspondencia,
no tiene nada que ver con la legalidad de su valoración que caracteriza
el sistema de las pruebas legales. Precisamente, el primado de los me-
dios que caracteriza al modelo garantista exige, en efecto, que las
pruebas, aun siendo libre su valoración, sean asumidas con un méto-
do legal; y que, por tanto, se rechace la máxima male captum est bene
retentum, que en el método inquisitivo postula por el contrario la in-
diferencia de los medios respecto al fin de la prueba, vinculado, sin
embargo, a la valoración legal de ésta.
Otro problema es el de la naturaleza de las formalidades, del que
ya he hablado en los apartados 2.4 y 4.4: garantías frente el arbitrio
cuando vinculan al juez y a las partes al respeto de reglas y criterios
epistemológicos encaminados a la obtención de una verdad procesal
mínima pero lo más acreditada posible por pruebas y contrapruebas;
dañosos estorbos y oropeles cuando tienen el único efecto de compli-
car inútilmente los procedimientos, haciéndolos más gravosos, dila-
tándolos y dificultando su comprensión y el control por parte del
imputado y de la opinión pública. Paradójicamente, las formas
solemnes y las liturgias del rito son tanto más legitimadoras cuan-
to más inútiles e incomprensibles: «nuestros magistrados», escribió
Pascal, «han conocido bien este misterio. Sus togas rojas, los armiños
en los que se envuelven como gatos, los palacios donde juzgan, las flo-
res de lis, todo este aparato augusto era muy necesario» 359. Pero se
trata, evidentemente, de una legitimación impropia e inaceptable en
un ordenamiento democrático.
7. La motivación. Verdad y validez en el proceso. La última garantía
procesal de segundo grado, que tiene el valor de una garantía de
cierre del sistema SG, es la obligación de la motivación de las decisiones
judiciales. Aunque se encuentren huellas de la motivación en
las jurisdicciones estatutarias, en la eclesiástica de la Santa Inquisición360
y antes aún en la de los magistrados romanos361, e1 principio
de la obligación de reddere rationem de las decisiones judiciales, y específicamente
de las sentencias, es rigurosamente moderno. Encarecida
por Bacon362 y después por el pensamiento ilustrado 363, la obligación
fue sancionada por primera vez en la Pragmática de Fernando IV de
27 septiembre 1774364; después por el art. 3 de la Ordonnance criminelle
de Luis XVI de 1 de mayo de 1788 365; posteriormente, por las
leyes revolucionarias de 24 de agosto y 27 de noviembre de 1790 y
por el art. 208 de la Constitución francesa de 1795, y, por fin, recibida
a través de la codificación napoleónica por casi todos los códigos
decimonónicos europeos 366. Mayores resistencias encontró la obligación
de motivar en los sistemas anglosajones de tradición acusatoria a