DERECHO Y RAZÓN TEORÍA DEL GARANTISMO PENAL. LUIGI ...

9. EL JUICIO. CUANDO Y COMO JUZGAR
chos imputados inocentes declararse culpables antes que someterse a
los costes y riesgos del juicio ll'. El sistema -introducido también en
Italia en la forma subrepticia de «negociaciones» sobre la pena o
sobre el procedimiento, de lo que hablaré en el apartado 45.5- pre-
senta sin duda la ventaja de la máxima eficacia, si es cierto que per-
mite resolver más del 90% de los casos con el guilty plea y reservar
sólo para los pocos casos restantes los cuidados perfiles garantistas del
trial by jury. Pero esta ventaja se obtiene al precio de una pesada con-
notación policial y burocrática del grueso de la justicia penal y de una
evidente discriminación en perjuicio de cuantos, por su situación eco-
nómica, son obligados a renunciar, no sólo como entre nosotros, a
una defensa adecuada, sino incluso a un justo proceso, como si se tra-
tase de un lujo inaccesible.
Una vez excluido que el modelo teórico acusatorio suponga nece-
sariamente la discrecionalidad de la acusación, debe entenderse, por el
contrario, que comporta, lógica y funcionalmente, el principio opues-
to de la obligatoriedad y la irrevocabilidad de la acción penal por
parte de los acusadores públicos, bien se prevea como exclusiva o, por
el contrario, en concurrencia con formas más o menos amplias de ac-
ción popular y voluntaria. En el plano lógico, este principio, expre-
sado en nuestras tesis T25 y S50 nullum crimen, nulla culpa sine
accusatione, es una consecuencia de la inderogabilidad del juicio pos-
tulada por nuestras tesis nullum crimen, nulla culpa sine iudicio y por
el mismo principio acusatorio nullum iudicium sine accusatione. En el
plano funcional, es consecuencia de las mismas razones que la publi-
cidad de la acusación, hoy ya presente en todos los ordenamientos
evolucionados: la garantía de la igualdad de los ciudadanos ante la
ley, el aseguramiento de la certeza del derecho penal y, sobre todo, la
tutela de las partes ofendidas más débiles.
Diré incluso que si el proceso mixto de tipo francés e italiano, na-
cido de la yuxtaposición de una instrucción inquisitiva y un juicio acu-
satorio, es un «monstruo», no lo es menos el proceso anglosajón,
también fruto de una unión híbrida entre el carácter público de la acu-
sación y de los órganos a los que está asignada, de derivación inqui-
sitiva, y la discrecionalidad de su ejercicio, que es de ascendencia
acusatoria. Porque, en efecto, es completamente absurda la figura de
un acusador público -poco importa que sea electivo- no sujeto a la
ley y dotado del poder de elegir arbitrariamente qué infracciones pe-
nales sean merecedoras de persecución o también de predeterminar la
medida de la pena negociando con el imputado. Es obvio que si la pu-
blicidad de la acusación conlleva la obligatoriedad de su ejercicio
para los órganos públicos competentes, no implica en modo alguno
una titularidad exclusiva, siendo perfectamente compatibles con el
modelo teórico acusatorio formas autónomas, libres y subsidiarias de
acción popular, dirigidas a integrar la acción del ministerio público en
defensa de los derechos e intereses, individuales o colectivos, ofendi-