DERECHO Y RAZÓN TEORÍA DEL GARANTISMO PENAL. LUIGI ...

9. EL JUICIO. CUANDO Y COMO JUZGAR
respecto de los modelos de comportamiento dominantes, una legiti-
mación mayoritaria del poder judicial puede incluso representar un
peligro, por el riesgo permanente de imprimir al juicio -sobre todo si
carece de bases rigurosamente cognoscitivas- una connotación par-
tidaria que contrasta con la imparcialidad exigida a la actividad ju-
risdiccional.
El fundamento de la división de poderes y de la independencia de
la función judicial de los poderes legitimados mayoritariamente des-
cansa, en suma, no sólo en la intrínseca ilegitimidad de funciones ju-
risdiccionales informadas por el principio de autoridad, sea cual fuere
la autoridad que las ejerza, sino más bien en el principio de verdad.
Éste se funda, a su vez, en la necesidad de preservar de la opresión de
la mayoría no desviada precisamente a aquel al que se supone des-
viado, de tal manera que un juez pueda absolverlo incluso contra la
voluntad de todos. Por razones diversas pero convergentes, la verdad
del juicio y la libertad del inocente, que constituyen las dos fuentes de
legitimidad de la jurisdicción penal, requieren órganos terceros e in-
dependientes de cualquier interés o poder: la verdad, por el carácter
necesariamente libre y desinteresado de la investigación de lo verda-
dero; las libertades -de la libertad personal a la de pensamiento, de
los derechos de defensa a las libertades políticas-, porque equivalen
a otros tantos derechos de los particulares frente el poder y los inte-
reses de la mayoría. Por eso la irrogación de penas no puede ser
nunca materia de administración o de gobierno; ni puede estar infor-
mada por criterios de discrecionalidad o de oportunidad, como ocurre
con la actividad administrativa y la política. A diferencia de estas
actividades, la función jurisdiccional no interviene en casos generales
en función de intereses generales, sino en casos particulares y, más
concretamente, individuales. El interés penal general se encuentra sa-
tisfecho preventivamente por la función legislativa, a la que está con-
fiada la definición en abstracto de las figuras de delito. Si a la mayoría
-por el trámite de la mediación gubernativa o parlamentaria, o
acaso mediante formas de democracia judicial directa- le fuese con-
fiado también el poder judicial, de enjuiciamiento y10 de acusación, se
pondrían en peligro las libertades de los disidentes y sus espacios le-
gítimos de desviación. Y el peligro sería tanto mayor cuanto más
amplios fueran los espacios potestativos del sistema penal y por con-
siguiente la carencia de legitimación legal a la que la legitimación
«democrática. debería poner remedio.
Todo esto significa que en el derecho penal, puesto que la taxati-
vidad y por tanto la verificabilidad del supuesto típico, es la principal
garantía del imputado frente al arbitrio, la fuente de legitimación
sustancial, tanto interna como externa, se identifica en gran medida
con la formal derivada de la máxima sujeción del juez a la ley, tal
como resulta asegurada por la estricta legalidad y en consecuencia por
la estricta jurisdiccionalidad penal. Como se dirá en el apartado 60.5,