DERECHO Y RAZÓN TEORÍA DEL GARANTISMO PENAL. LUIGI ...

IV. FENOMENOLOGIA. LA FALTA DE EFECTIVIDAD DE LAS GARANTIAS
nado, que no es sino el viejo «confinamiento» (art. 3.3). Las tres últimas
medidas -vigilancia especial, prohibición de residencia y confinamiento-,
con una duración de uno a cinco años (art. 4), van, además,
acompañadas de una larga serie de prescripciones, algunas
genéricamente morales (vivir honestamente, respetar las leyes, buscar
un trabajo, no dar lugar a sospechas), otras más directamente vejatorias
(no regresar a casa por la tarde después ni salir por la mañana
antes de determinadas horas, no detenerse habitualmente en bares, no
participar en reuniones públicas, eventualmente, en el caso de confinamiento,
no alejarse del domicilio elegido sin previo aviso y presentarse
periódicamente a las autoridades de la seguridad pública) (art. S).
El presupuesto común a todas estas medidas no es la comisión de
un delito o de otros ilícitos, sino, siguiendo el esquema del «tipo de
autor., la pertenencia a una de las categorías del catálogo del art. 1,
identificables potestativamente ante todo conforme a genéricos elementos
sintomáticos: 1) «los ociosos y vagabundos habituales, aptos
para el trabajo)); 2) «los que se dedican habitual y notoriamente a tráficos
ilícitos*; 3) 40s que por su conducta y tenor de vida evidencien
que viven habitualmente, incluso en parte, del fruto de su conducta delictivan
o que «den motivos para pensar fundadamente que son proclives
a delinquir»; 4) los que ese considere que se dedican» a favorecer
o explotar la prostitución o la corrupción de menores, al contrabando,
al tráfico de estupefacientes, a las casas de juego clandestinas, o a las
apuestas abusivas en las carreras; 5) «los que habitualmente realizan
otras actividades contrarias a la moral pública y a las buenas costumbres~.
Para la imposición de todas estas medidas, excepto para el requerimiento,
se exige además que los sujetos sean considerados «peligrosos
para la seguridad o la moral públicas» (art. 2.1), que es una
noción cuyo sentido es aún más indeterminado que el ya bastante
vago y genérico de «peligrosidad social., definido por el art. 203 c.p.
(probabilidad de que el sujeto cometa nuevos delitos) y cuya definición
queda confiada en cada caso a la discrecionalidad de las autoridades.
Finalmente, para las tres últimas medidas mencionadas, se exige que
sus destinatarios hayan sido requeridos por el jefe de policía y que, no
obstante, no hayan modificado su conducta» (art. 3.1).
De las cinco medidas, las dos primeras son de competencia exclusiva
del jefe de policía (arts. 1 y 2), mientras que las demás las
adopta, a propuesta de éste, el tribunal (art. 4). Si la propuesta es de
confinamiento, el presidente del tribunal puede disponer, mientras
dura el procedimiento, la custodia preventiva (art. 6). Por otra parte,
el hecho de que las tres últimas medidas -vigilancia especial, prohibición
de residencia y confinamiento- sean decididas por un tribunal
no debe llamar a engaño sobre su naturaleza: el carácter secreto y no
público del procedimiento, la total discrecionalidad de las decisiones
-ya que los jueces no están vinculados a criterio alguno-, la consiguiente
imposibilidad de defensa allí donde, a falta del vínculo de la