DERECHO Y RAZÓN TEORÍA DEL GARANTISMO PENAL. LUIGI ...

14. EL PUNTO DE VISTA EXTERNO
moral o de una opción política en su favor 26: «la vigilancia de nuestra
conciencia moral. quedaría según esto «en suspenso» 27, al haberse
realizado precisamente .la opción general de renunciar a las opciones
particulares frente a los contenidos particulares que el derecho posi-
tivo ha asumido o puede asumir» 28. Tanto Passerin d'Entr6ves como
Scarpelli reservan esta adhesión y la obligación política que de ella se
sigue solamente a los ordenamientos liberales y democráticos, que son,
a su juicio, los únicos que las merecen 29. Esto no es obstáculo sin em-
bargo para que la idea de una adhesión moral o política preventiva al
derecho positivo, sobre la que se fundaría la obligación política, re-
presente el rasgo característico del formalismo ético, que como se ha
visto en los avartados 16.3. 28.1 v 59.1 consiste en la valorización
apriorística del ordenamiento, aunque sea democrático y liberal, y en
la consiguiente identificación del principio de legitimidad política con
el principio jurídico de legalidad. En todo caso, la noción moderada
de la obligación moral de obedecer las leyes sostenida por Bobbio, que
es la única moralmente aceptable por cuantos no comparten concep-
ciones éticas y auto-poyéticas del derecho y del estado, no correspon-
de enteramente a esta descripción, que se adapta mejor a su versión
extremista. La obligación en sentido moderado de que habla Bobbio
es en realidad una obligación condicionada por el hecho de que no
entre en conflicto con otros valores «que la conciencia moral juzga su-
periores*. Esto quiere decir que no se trata de una obligación formal,
independiente del contenido de las leyes, ni menos aún de un «som-
nífero» de la conciencia moral o un «cheque en blanco» en favor del
derecho positivo 30, sino a lo sumo de una obligación semi-formal, que
presupone una aceptación a su vez condicionada del ordenamiento del
que sirve para convalidar sólo aquellas normas que nuestra conciencia
moral considera justas o no particularmente injustas.
Esta concepción moderada de la obligación política, sin embargo,
es a mi juicio lógicamente inconsistente. ¿Hasta qué punto vale tal
obligación y en qué punto comienza a no valer? ¿Y quién sino la
conciencia moral del obligado está habilitada para trazar el confín que
en cada caso separa la obligación de la no obligación moral de obe-
decer o, incluso, de la obligación igualmente moral de desobedecer las
leyes? Me parece evidente que -por definición, conforme a la se-
gunda condición indicada por Bobbio- una obligación tan con-
dicionada en relación con leves aue colisionen con valores morales o
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civiles que se estimen particularmente relevantes no tiene ningún es-
pacio. En estos casos, más allá de la obligatoriedad jurídica apoyada
por la eficacia disuasoria de la sanción, prevalecen siempre -en el
plano moral- valores superiores a los del orden, ya porque coinciden
con él o bien porque lo contradicen. En efecto, son estos valores y no
el valor del orden los que justifican moralmente la obediencia no
menos que la desobediencia: por ejemplo, no es ciertamente el valor
moral del orden o de la legalidad, sino el de la vida, el prevaleciente,