DERECHO Y RAZÓN TEORÍA DEL GARANTISMO PENAL. LUIGI ...

9. EL JUICIO. CUANDO Y COMO JUZGAR
PO? el hecho de que en algunos casos el ejercicio del poder de acusar
este subordinado a ciertas manifestaciones de voluntad configuradas
vor la ley como condiciones de procedibilidad, como la presentación
de la querella o denuncia por parte del ofendido, o bien de petición o
autorización por parte de los órganos del poder ejecutivo. Todos
estos actos son, en efecto, condiciones tanto necesarias como suficientes
de la ~rocedibilidad venal. de manera aue. como no constitu-
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yen acciones en sentido propio, sino sólo circunstancias necesarias en
ausencia de las cuales la acción carece de viabilidad, su presencia es
suficiente para que los órganos de la acusación pública estén obligados
a actuar. La discrecionalidad, en consecuencia, no es en tales
casos del ministerio público, y menos aún del juez, sino sólo de la
parte ofendida o de la autoridad pública, a los que el ordenamiento
reserva el poder de decidir sobre la oportunidad de una tutela penal
del bien ofendido Dor el delito.
Es útil distinguir entre condiciones objetivas y condiciones subjetivas
de procedibilidad. Son condiciones objetivas las que se refieren a
la naturaleza del delito: como la querella, la denuncia y la petición,
dejadas al criterio de la parte ofendida o del gobierno en función de la
calidad del bien lesionado o del hecho de que el delito se haya producido
fuera del territorio nacional. Son, sin embargo, condiciones
subietivas las aue hacen referencia al carácter del reo: como la autorización
para proceder contra parlamentarios o la vieja .garantía
administrativa., que constituyen inmunidades reservadas a algunas
personas.
El valor de igualdad de los ciudadanos frente a la ley, expresado
en el apartado 36.2 con la prohibición de normas penales cuasi constitutivas,
y el principio de inderogabilidad del juicio enunciado con el
axioma A7 en el primer punto de este apartado excluyen la legitimidad
de todas las condiciones subjetivas de procedibilidad, es decir, de
cualquier forma de inmunidad en favor de sujetos privilegiados. Tales
inmunidades, aunque se remontan al derecho romano y tuvieron amplia
difusión durante el ancien régime 120, recibieron una legtimación
política precisamente de la Revolución francesa, que quiso con
ellas tutelar -derogando el principio de igualdad, pero en nombre de
la separación de poderes- la independencia de las funciones legislativa
y ejecutiva de las interferencias del poder judicial 12'. La más
odiosa de todas fue sin duda la llamada «garantía administrativan, es
decir, la autorización del gobierno para proceder contra funcionarios
públicos por actos concernientes a su oficio. Introducida en Francia
por una serie de leyes de 1789 y 1790, y después por el art. 75 de la
Constitución de 13 de diciembre de 1799, fue suprimida por un decreto
de 19 de septiembre de 1870 122. Pero pasó a Italia 123, donde permaneció
hasta la República, aunque limitada a algunos funcionarios,
como los ~refectos, sub-prefectos, alcaldes y cuantos hacían sus
veces, para los delitos cometidos con ocasión de su oficio (sobornos,