DERECHO Y RAZÓN TEORÍA DEL GARANTISMO PENAL. LUIGI ...

V. PARA UNA TEORlA GENERAL DEL GARANTlSMO
to: su posición de propietario de este o aquel objeto; de deudor o de
acreedor de tal suma de dinero frente a tal otro sujeto; de arrendador
o de arrendatario de tal inmueble; de trabajador dependiente, de
arrendador de obra, de artesano o de empresario, por ser titular de
tales obligaciones, derechos o poderes privados; de juez, de diputado,
de funcionario público o de ministro, en cuanto titular de tales potes-
tades públicas y de los correspodientes deberes funcionales; de abo-
gado, de médico, de docente, de comerciante, etc., en cuanto dotado
de las habilitaciones, licencias o concesiones precisas y de las relativas
obligaciones. La suma de los derechos fundamentales caracteriza por
el contrario a la igual personalidad jurídica de cada sujeto en cuanto
persona y ciudadano. De ello se sigue que mientras las libertades y su
ejercicio, al carecer tanto de títulos como de efectos jurídicos, forman
la base de la igualdad jurídica, las situaciones y su ejercicio, al precisar
de títulos y al ser productoras de efectos, constituyen la base de la de-
sigualdad jurídica. Y mientras las relaciones y las comunicaciones es-
tablecidas conforme a las primeras -de los derechos de palabra y de
opinión a los de asociación y reunión, desde la libertad personal a la
religiosa y hasta los derechos políticos y sindicales- son relaciones de
libertad entre sujetos iguales, las relaciones instauradas conforme a las
segundas son relaciones de dominio y sujeción, es decir, de poder y de
exclusión entre sujetos jurídicamente desiguales. Existe, en fin, una ter-
cera categoría de modalidades, por decirlo de alguna manera, inter-
media respecto de las otras dos: la de las capacidades (jurídica, de
obrar, penal, político-electoral y similares), las cuales definen los sta-
tus de las personas designando su igual idoneidad para realizar actos
o llegar a ser titulares de situaciones desiguales, y que comparten con
los derechos fundamentales el hecho de no ser efectos ni de tener su tí-
tulo en actos jurídicos de adquisición, sino que corresponden a todos
en condiciones de igualdad, y con las situaciones jurídicas el hecho de
ser ejercidas mediante actos jurídicos productivos de nuevas situacio-
nes y por consiguiente de desigualdades.
Es del todo evidente la diversidad entre las diferencias de identidad
tuteladas por los derechos fundamentales y las desigualdades jurídicas
expresadas por las situaciones y producidas por el desigual ejercicio de
las iguales capacidades que aquéllas implican, la primera entre todas
la capacidad de obrar o de contratar: sólo las primeras, pero no así las
segundas, corresponden a valores o derechos «fundamentales ». Esto
no quiere decir, obviamente, que todas las desigualdades jurídicas
sean desvalores y, menos, que sean todas intolerables. Por el contra-
rio, el desarrollo social se caracteriza por la creciente división de los
roles y la diferenciación de posiciones y situaciones entre los sujetos
del ordenamiento. Y sería no sólo ilusorio sino también regresivo
pretender una supresión o, incluso, aunque fuera sólo una reducción
de las consiguientes desigualdades bajo la enseña de utópicos proyec-
tos de extinción del derecho y del estado. La distinción entre «dife-