DERECHO Y RAZÓN TEORÍA DEL GARANTISMO PENAL. LUIGI ...

III. TEORIA LAS RAZONES DEL DERECHO PENAL
cios, pero no para la administración de justicia. Y en un estado de derecho
basado en la igualdad esto debería ser cuidadosamente evitado:
en el doble sentido de que los daños de los ciudadanos -todos los
daños injustos, prescindiendo de la culpa- deberían ser resarcidos
por el estado, y las culpas de los jueces -todas las culpas, prescindiendo
de los daños provocados- deberían ser sancionadas. Al
menos la justicia, con todas sus imperfecciones, debería permanecer a
salvo de la lógica del mercado y no medir por el patrimonio su grado
de responsabilidad frente a los ciudadanos lS'.
Una responsabilidad civil por el daño crearía el riesgo de intimidar
y paralizar la función judicial frente a toda la alta y adinerada criminalidad
de los poderosos; y de producir, más que una mayor responsabilización,
una huida de los jueces de la responsabilidad del
juicio. Sobre todo en Italia, donde la criminalidad está cada vez más
vinculada al capital financiero, sería imposible pedir a un juez que
arriesgara inviables resarcimientos al proceder por uno de los innumerables
delitos de quiebra fraudulenta, malversación, falsedades
contables, abusos inmobiliarios y corrupciones de los que está hecha
hoy la ordinaria administración de nuestro sistema político y económico.
El peligro de tener que resarcir la totalidad del daño comprometería
el sereno y desinteresado ejercicio de la funcibn judicial,
involucrando al juez en los intereses de las partes en conflicto y haciendo
retroceder a la justicia a formas de discriminación clasista en la
dirección única de la delicuencia de los pobres. Sin contar que la acción
civil contra el juez podría transformarse en un instrumento impropio
de la impugnación de sus sentencias o, peor aún, en un medio
fácil de recusación. Por lo demás, como se ha visto, una responsabilidad
así está excluida, o limitada, únicamente a las infracciones dolosas
en todos los ordenamientos; y, allí donde está prevista, se encuentra
subordinada al filtro de previas autorizaciones para proceder
por parte de las autoridades judiciales o hasta de las gubernativas,
para impedir acciones resarcitorias puramente instrumentales 2s2. Incluso
en nuestro país, donde la abrogación por referéndum de toda limitación
de la responsabilidad civil habría requerido la introducción
de una responsabilidad del juez por la totalidad del daño, se ha prescindido
de semejante solución y la entidad del resarcimiento debido
por los magistrados ha quedado establecida en la medida de un tercio
de su sueldo, sin perjuicio de la responsabilidad del estado por la
parte restante del daño253. Esto quiere decir que una responsabilidad
así es sólo aparentemente una responsabilidad civil, quedando sustancialmente
en una forma de responsabilidad disciplinaria, pues la
pérdida de una parte del sueldo preestablecida rígidamente es sólo en
apariencia una sanción civil de carácter resarcitorio y constituye en realidad
una sanción disciplinaria.
La responsabilidad disciplinaria, con las adecuadas garantías, es
precisamente la que representa la forma más apropiada de responsa-