DERECHO Y RAZÓN TEORÍA DEL GARANTISMO PENAL. LUIGI ...

8. EL DELITO. CUANDO Y COMO PROHIBIR
construyen todas sus doctrinas, incluida la consideración de la pena
como medida de defensa social. Al negarse, junto a la libertad de
querer, toda relevancia a la intención del agente y a la imputabilidad
de la acción, el estado debe comportarse frente a un delito y a los
daños individuales y sociales que ocasiona como frente a cualquier catástrofe
natural: preparar medidas de defensa -de prevención y10 de
neutralización y10 de corrección- prescindiendo de valorar los movimientos
interiores del sujeto y con la única base, eminentemente
subjetiva y discrecional, de una diagnosis sobre su personalidad desviada
y de una prognosis sobre el peligro objetivo que representa.
Más complejo y menos lineal es el proceso de vaciamiento del
principio de culpabilidad en las orientaciones subjetivistas -idealistas
y espiritualistas-, que valoran exclusivamente la libertad interna del
agente. El punto de partida, además de la idea, en sí misma inocua,
del libre albedrío, es la opción, en sí misma garantista, por una concepción
normativa de la culpabilidad, como consciencia de la ilicitud
del hecho cometido, frente a una concepción psicológica, que se conforma
con el nexo psíquico entre agente y hecho ilícito. Estas dos concepciones
difieren entre sí sólo porque la primera excluye el principio
ignorantia legis non excusat, mientras que la segunda lo admite. Bajo
este aspecto la concepción normativa, que fue la propia de todos los
juristas de Ia'Escuela Clásica italiana 125, es claramente más restrictiva
y liberal que la psicológica, ya que la presunción de conocimiento de
la ley penal es explicable sólo de dos maneras igualmente antiliberales:
o como una forma de responsabilidad objetiva en obsequio a la certeza
del derecho o como resultado de la confusión entre derecho y
moral y, por ello, de la idea de que el delito es, también, pecado, de
modo que la ignorancia de la ley penal equivale a ignorancia de la ley
moral, esto es, a a-moralidad o a in-moralidad, en todo caso inexcusables.
Por otra parte, tal presunción, incorporada por casi todos los
ordenamientos contemporáneos 126, no constituye en modo alguno,
como se ha afirmado recientemente, un fruto originario del pensamiento
penal burgués '17, sino, más bien, una creación del estatalismo
ético que caracteriza al pensamiento liberal-reaccionario del siglo pasado:
no por casualidad fue defendida por Hegel 128, que representa,
como se ha dicho tantas veces, la principal expresión de esta dirección
de la cultura liberal.
La doctrinas normativas de la culpabilidad (normative Schuld) elaboradas
en este siglo han dado un paso más respecto a la concepción
clásica de la culpabilidad como conocimiento de la ilicitud del hecho.
Fundiéndose con las concepciones ético-legalistas y con las finalistas
del daiío y de la acción, examinadas en los apartados precedentes, han
considerado que la conciencia y voluntad de antijuricidad son condición
no ya sólo necesaria sino suficiente de la culpabilidad. Y han terminado,
así, por identificar la culpabilidad con la actitud o subjetividad
«infractora» del culpable, e incluso con su reprochabilidad, a