DERECHO Y RAZÓN TEORÍA DEL GARANTISMO PENAL. LUIGI ...

l. EPISTEMOLOGIA. LA RAZON EN EL DERECHO PENAL
error en la que se articula la argumentación inductiva. Conforme a su
presencia o ausencia distinguiré, en el capítulo 9, entre proceso acusatorio
y proceso inquisitivo y, en general, entre los distintos modelos
de proceso históricamente elaborados y experimentados. Se puede
decir, por lo demás, que de los cuatro límites de la verdad procesal
examinados en el apartado 4, mientras que las garantías penales y
procesales que aseguran las condiciones epistemológicas de la verifi-.
cabilidad y la verificación sirven para reducir respectivamente los
dos primeros (la incertidumbre de las premisas jurídicas y la de las
conclusiones fácticas), estas garantías, instrumentales respecto de
las primeras, sirven en cambio para reducir el tercero (la subjetividad
del juicio) incluso a costa de aumentar el cuarto (el carácter jurídicoautoritativo
de la verdad procesal).
Eso no disminuye nada su importancia práctica. La investigación
judicial no es una búsqueda puramente intelectual, sino el presupuesto
de decisiones sobre las libertades de los ciudadanos en las que el
poder, en ausencia de límites normativos, tiende indefectiblemente a
prevalecer sobre el saber. Por esta razón, como se verá, la debilidad de
las garantías instrumentales corre siempre el peligro de comprometer
las tres garantías epistemológicas de la verificación y de la refutación
fáctica, que así resultan todavía más carentes, en el proceso penal moderno,
de las garantías penales de la verificabilidad y de la refutabilidad
jurídica. Lo que en realidad ha ocurrido, en el viejo régimen
procesal de Rocco, es que el tabú de las pruebas legales y el equívoco
dogma de la libre convicción han descalificado, antes en el plano
teórico que en el práctico, cualquier disciplinamiento del procedimiento
probatorio dirigido a vincularlo a su satisfacción. El principio
de la necesidad de la prueba, al no concretarse en la carga jurídica
para la acusación de la producción de una pluralidad de pruebas, se
ha disuelto así en el criterio vacío y potestativo de la íntima convicción.
El principio de la posibilidad de refutación, al no estar garantizado
por poderes de defensa parangonables a los poderes de la acusación
y al no estar establecido normativamente el valor dirimente de
las contrapruebas y de las contrahipótesis no refutadas, se ha convertido
igualmente en un genérico principio de presencia de las razones
del im~utado. Y la motivación de las decisiones sobre la verdad
fáctica, al no estar vinculada por ninguna norma jurídica a dar cuenta
no sólo de las pruebas sino de la falta de contrapruebas, ni a explicitar
todas las inferencias deductivas e inductivas que justifican la
conclusión aceptada, se ha convertido en una argumentación persuasiva
y valorativa sustraída a su vez a criterios de verificación y de
control.
Bajo estos aspectos, el nuevo código es indudablemente más prometedor.
Ante todo, la ya recordada prescripción en el art. 192 de una
pluralidad de datos probatorios «graves, precisos y concordantes» ha
legalizado la necesidad epistemológica de una pluralidad de confir-