DERECHO Y RAZÓN TEORÍA DEL GARANTISMO PENAL. LUIGI ...

11. EL SUBSISTEMA PENAL DE POLICIA
su ejercicio «no respete los principios del ordenamiento jurídico»-
debe considerarse como un residuo absolutista, contrario a la natu-
raleza misma del estado de derecho, que no admite la existencia de
medidas administrativas no .típicas» ni de «plenos poderes. no re-
gulados legalmente 30.
Aún más inquietantes son el estado de peligro público y el estado
de guerra (interna). El «ministro del interior, con el asentimiento del
presidente del consejo de ministros o, por delegación, los prefec-
tos, pueden declarar, mediante decreto, el estado de peligro públi-
co», por la simple existencia de .peligro de desórdenes. (art. 214).
Durante el «estado de peligro público», «el prefecto puede ordenar el
arresto o la detención de cualquier persona, si lo estimase necesario
para restablecer o para conservar el orden público» (art. 215), y «el
ministro del interior puede dictar órdenes, incluso en oposición a las
leyes vigentes, sobre materias relacionadas con el orden público o
con la seguridad pública» (art. 216). En cuanto al cestado de guerra*,
puede ser igualmente declarado por el «ministro del interior con el
asentimiento del presidente del consejo de ministros» o por 40s pre-
fectos, por delegación., basándose en el presupuesto, aun más in-
determinado, de que sea .necesario confiar a la autoridad militar la
tutela del orden público» (art. 217.1). En tal caso, además de los
poderes excepcionales establecidos para el estado de peligro, conferi-
dos a .la autoridad que tiene el mando de las fuerzas militares)) (art.
217), está previsto que, en lo atinente al orden público, «las autori-
dades civiles ejercerán aquellos poderes que en ellas deleguen las au-
toridades militares. (art. 218) y que elas personas acusadas de deli-
tos contra la personalidad del estado. (esto es, los previstos en los
arts. 241a 313 c.p.) .serán juzgadas por los tribunales militares))
(art. 219) 31.
Se trata, como se comprende fácilmente, de normas llamativa-
mente inconstitucionales, por oposición a los arts. 13, 70, 76, 77, 78,
102, 103, 3." de la Constitución. Y como tales deben entenderse
abrogadas a la entrada en vigor de ésta. En particular, los arts. 217 a
219 sobre el estado de guerra interna -esto es, por motivos de orden
público- deben considerarse abrogados por su art. 78, que atribuye
inequívocamente a las Cámaras -sobre el presupuesto de una guerra
con un país extranjero o, quizá, incluso de una situación de guerra in-
terna que, sin embargo, debería ser definida por ley, pero nunca
cuando simplemente .sea necesario confiar el orden público a la au-
toridad militar»- el poder de tomar decisiones sobre el .estado de
guerra. y de conferir .al gobierno los poderes necesarios». Por otra
parte, puesto que, dado el silencio de la Constitución, sólo el estado
de guerra puede ser considerado estado de sitio o de emergencia, hay
que decir, a contrario, que también las normas sobre el estado de pe-
ligro público han quedado suprimidas por la Constitución. Hay que
temer, no obstante, que alguien pueda pensar que toda esta terrible