DERECHO Y RAZÓN TEORÍA DEL GARANTISMO PENAL. LUIGI ...

III. TEORIA. LAS RAZONES DEL DERECHO PENA1
norancia de ley, declarada correctamente por la Corte constitucional
italiana como excusabte. Se superaría, además, toda la compleja pro-
blemática teórica originada por las «sanciones sustitutivasn aplica-
bles, con discutible discrecionalidad, como alternativa a la pena.
Finalmente, la relación entre delito, proceso y pena ganaría en linea-
lidad y uniformidad: sólo los delitos serían delitos, con los necesarios
requisitos subjetivos y objetivos; las penas serían sólo las restrictivas
de libertad, privativas o no; y proceso sería sólo el procedimiento di-
rigido a limitar la libertad personal en tutela de bienes penales fun-
damentales.
La segunda restricción es de carácter cualitativo. De entre las in-
numerables abstracciones catalogadas en el código Rocco como «bie-
nes jurídicos» y como rótulo de otras tantas clases de delitos -la per-
sonalidad del estado, la administración pública, la actividad judicial,
la religión del estado, la piedad para con los difuntos, el orden públi-
co, la fe y la economía pública, la industria y el comercio, la morali-
dad y las buenas costumbres, el pudor y el honor sexual, la integridad
de la estirpe, la familia, el matrimonio, la moral y los deberes de
asistencia familiar, el patrimonio y, sólo en último término, la inte-
gridad física de las personas-, nuestro principio de lesividad permi-
te considerar «bienes» sólo a aquellos cuya lesión se concreta en un
ataque lesivo a otras personas de carne y hueso. El grupo de normas
más llamativo, por injustificado, ha sido en Italia producido aluvio-
nalmente por la codificación fascista y por la reciente legislación de
emergencia bajo la etiqueta de *delitos contra la personalidad del
estado.. En la medida en que el estado, en un ordenamiento demo-
crático, no constituye un bien o un valor en cuanto tal, estos delitos
-descritos normalmente en términos vagos y valorativos y, por ende,
opuestos al principio de estricta legalidad- quedan, en la mayor
parte de los casos, sin objeto y, con ello, sin razón de ser. Algunos,
como los delitos asociativos, los atentados o los desacatos, son sólo
formas agravadas de otros delitos o tentativas de delitos de los deno-
minados .comunes.; otros, como los ultrajes y todos los delitos de
opinión, se dirigen a tutelar privilegios o inmunidades que contradicen
los principios de libertad y democracia y que, más aún, no constituyen
bien alguno para nadie y tanto menos para el ciudadano común. Y se
puede hacer un discurso análogo en torno a otros muchos delitos no
lesivos para terceros, y ciertamente no evitables con la pena, contra los
que se dirigieron ya los alegatos ilustrados, bien en nombre del prin-
cipio de utilidad, bien en nombre de la separación entre derecho y
moral: es el caso de la prostitución, los delitos contra natura, la ten-
tativa de suicidio y, en general, los actos contra uno mismo, desde la
embriaguez al uso personal de estupefaciente^^^. LO mismo ocurre,
según veremos en el próximo apartado, con todos los comporta-
mientos en los que la acción carece de materialidad. Finalmente, en
ciertos delitos patrimoniales, como el hurto o la estafa, la naturaleza