DERECHO Y RAZÓN TEORÍA DEL GARANTISMO PENAL. LUIGI ...

IV. FENOMENOLOGIA. LA FALTA DE EFECTIVIDAD DE LAS GARANTIAS
reconocimiento, inspección y careo)). Ésta, en cambio, se limita a establecer:
«La policía judicial se encarga del examen sumario de las
personas que puedan referir circunstancias útiles a los fines de la investigación~.
Junto a este poder de recibir testimonios informales, la
policía tiene, conforme al art. 350.7, la facultad de *recibir declaraciones
esvontáneas de las versonas en relación con las cuales se vengan
realizando las investigaciones-, de las que podrá hacer uso para el
interrogatorio del potencial «arrepentido».
Finalmente la policía judicial, como ya ocurría a tenor del art. 224
del viejo código, puede proceder siempre, sin el mandato judicial que
exige, por principio, el art. 247 c.p.p., a algunas fomas de registro.
Puede practicar el «registro personal o local* cuando haya amotivos
fundados para entender que la persona oculta sobre sí objetos o pistas
relativas al delito que puedan desaparecer o extraviarse, que tales
objetos o pistas se encuentren en un determinado lugar o que en él se
encuentre la versona sometida a investigación " o aue se ha evadido))
(art. 352.1 c.p.p.). Puede también, por el mismo motivo y cuando subsistan
especiales razones de urgencia que no permitan obtener a tiempo
una orden de registro, proceder a registros «personales o locales»
al ejecutar una orden de custodia cautelar o prisión por un delito para
el que se prevé el arresto obligatorio en flagrancia o la detención judicial
(art. 352 c.p.p.). Puede además proceder a registros domiciliarios
«en cualquier local público o privado o en cualquier dependencia»
cuando tenga noticia, «incluso por indicios, de la existencia de
armas, municiones o materias explosivas no denunciadas, no consignadas
o cuya tenencia sea, por cualquier otro motivo, abusiva» (art.
41 del Texto Unico de las leyes de seguridad pública, del 18.6.1931,
n. 773). Y puede, por último, realizar registros personales in situ y registros
del «medio de transporte)) «al solo fin de comprobar la posesión
eventual de armas, explosivos e instrumentos para fracturar,
por parte de personas cuya actitud o cuya presencia, en relación con
las específicas circunstancias de lugar y tiempo, no parezcan justificables*
(art. 4 de la ley Reale, n. 152 de 22.5.1975). Todo ello equivale,
en la práctica, a un indiscriminado poder policial para registrar,
si no por otras razones, por la de que todo registro, incIuso el más arbitrario,
puede responder siempre al pretexto, no controlable en
modo alguno, de que se realizó para buscar armas.
Lo anterior permite hablar, aún hoy, de una instrucción policial
que precede al juicio y lo predetermina. El art. 357 c.p.p. prevé, en
efecto, que la policía judicial debe «anotar», entre otros extremos, las
«informaciones sumarias realizadas» y las .declaraciones espontáneas
recibidas de las personas en relación con las cuales se han practicado
las indagaciones», así como .las informaciones obtenidas, en
aplicación del artículo 351, en el curso de los registros o en el lugar
del hecho y sus inmediaciones». Queda, sin embargo, excluida, por el
art. 350.6 (como por lo demás ya hacía el art. 225 bis del viejo códi-