DERECHO Y RAZÓN TEORÍA DEL GARANTISMO PENAL. LUIGI ...

III TEORIA LAS RAZONES DEL DERECHO PENAL
ción y defensa, y que confiere al proceso, todavía más que el secreto o
la escritura, un carácter inquisitivo. Es obvio que un magistrado así no
debería sustituir al defensor de confianza, sino que habría de situarse
junto a él como órgano complementario, subsidiario y subordinado a
la estrategia defensiva de éste. En cuanto dotado de los mismos po-
deres que la acusación pública sobre la policía judicial y habilitado
para la recolección de las contrapruebas, garantizaría una efectiva pa-
ridad entre la función pública de la prueba y la no menos pública de
la refutación. Y aseguraría, además, a diferencia de la actual fun-
ción del «defensor de oficio., una igualdad efectiva de los ciudadanos
en el ejercicio del derecho de defensa. Es fácil entender que una figu-
ra semejante encontrará siempre la oposición corporativa de los co-
legios de abogados. Pero sin ella resulta comprometida la igualdad de
las partes, que es uno de los presupuestos esenciales del juicio con-
tradictorio y del derecho de defensa.
4. La independencia externa e interna. La separación de poderes y el
nacimiento de la figura del juez moderno. La independencia del juez de
cualquier otro poder, identificada como la segunda garantía orgánica,
es una adquisición del moderno estado de derecho conexa, tanto teó-
rica como históricamente, a la afirmación del principio de estricta le-
galidad y de la naturaleza cognoscitiva de la jurisdicción, por una
parte, y de los derechos naturales o fundamentales de la persona, por
otra. Si la legitimidad del juicio se funda en la verdad procesal, cuya
decidibilidad depende de la determinación semántica de las leyes y por
tanto de los vínculos exclusivamente legales de la jurisdicción, es claro
que ésta requiere la independencia del juez no menos que su condición
de tercero, para garantizar su imparcialidad y, en consecuencia, la
igualdad de los ciudadanos. Por otro lado, si el juicio ha de estar diri-
gido a impedir arbitrariedades y abusos potestativos sobre las liberta-
des individuales por parte de los poderes de gobierno, la independencia
de los jueces es garantía de una justicia no subordinada a las razones
de estado o a intereses políticos contingentes. Los fundamentos exter-
nos o políticos de la independencia son en definitiva los mismos -ver-
dad y libertad- que legitiman la jurisdicción. Y exigen que la inde-
pendencia de la función judicial esté asegurada tanto para la
magistratura como orden, frente a los poderes externos a ella y, en par-
titular, al poder ejecutivo, como al magistrado en calidad de individuo,
frente a los poderes o jerarquías internas de la propia organización,
siempre en condiciones de interferir de algún modo la autonomía del
juicio. Lo mismo hay que decir respecto a la acusación pública, vin-
culada a su vez, en nuestro modelo garantista, a la legalidad y por
tanto a la obligatoriedad de la acción penal y, por ello, no subordina-
da a poderes o intereses extraños a la administración de justicia.
Se ha querido encontrar la primera formulación del principio de
independencia y de la separación de poderes en un pasaje de la