DERECHO Y RAZÓN TEORÍA DEL GARANTISMO PENAL. LUIGI ...

III. TEORIA. LAS RAZONES DEL DERECHO PENAL
ductiblemente, el rechazo de la pena de muerte, de las penas corpo-
rales, de las penas infamantes y por otro lado de la cadena perpetua
y de las penas privativas de libertad excesivamente largas. Debo aña-
dir que este argumento tiene un carácter político, además de moral:
sirve para fundar la legitimidad del estado únicamente en las funcio-
nes de tutela de la vida y los restantes derechos fundamentales; de
suerte que, conforme a ello, un estado que mata, que tortura, que hu-
milla a un ciudadano no sólo pierde cualquier legitimidad, sino que
contradice su razón de ser, poniéndose al nivel de los mismos delin-
cuentes.
Por otra parte, si se adopta la perspectiva de reforma del utilita-
rismo penal trazada en el capítulo 6, los argumentos utilitarios no sólo
se corresponden con los morales, sino que contribuyen a precisarlos y
reforzarlos. Al contrario que el simple parámetro utilitarista de la
prevención general de los delitos, que no permite excluir que la su-
presión de un delincuente pueda en algún caso ser útil a las exigencias
de la defensa social, la ulterior finalidad utilitarista de la prevención
de las penas extra-legales y excesivas, al estar referida a la utilidad de
la persona del reo, impone la consideración de esta última, de con-
formidad con el segundo principio kantiano de la moral, no como un
medio sino como un fin. Y resulta por eso un argumento no sólo per-
tinente, sino decisivo e incondicionado a favor de la humanidad de las
penas, en el sentido de que toda pena cualitativa y cuantitativamente
(superflua por ser) mayor que la suficiente para frenar reacciones in-
formales más aflictivas para el reo puede ser considerada lesiva para la
dignidad de la persona. Ya se ha dicho que esta medida es el límite
máximo no superable sin que el reo sea reducido a la condición de
cosa y sacrificado a finalidades ajenas.
Principio de necesidad y dignidad de la persona son así los dos cri-
terios complementarios -correspondientes a los dos fines asignados a
la pena en el apartado 24- sobre los que podemos basar, frente a las
recurrentes sugestiones de las ideologías retribucionistas y de la de-
fensa social, un nuevo programa de minimización de las penas. Es
claro que no sólo la pena de muerte y las penas corporales e infa-
mantes, sino también esa especie de muerte civil que es la cadena
perpetua contradice estos elementales criterios de legitimación exter-
na de la calidad de la pena. Pero lo mismo puede decirse de las penas
privativas de libertad excesivamente largas, que asimismo, como se
dirá en el apartado 31, tendrían que ser suprimidas mediante la fija-
ción de un límite máximo más bajo.
Sobre todo, en fin, los dos criterios valen para vincular la calidad
de la pena a los tres rasgos modernos antes señalados: el de la igual-
dad, el de la legalidad y el del carácter sólo privativo de la pena. De
ello se sigue, en primer lugar, la ilegitimidad de cualquier forma de di-
ferenciación en la ejecución penal; en segundo lugar, la inadmisibili-
dad de cualquier forma de flexibilidad o de incertidumbre en la du-