DERECHO Y RAZÓN TEORÍA DEL GARANTISMO PENAL. LUIGI ...

10. EL SUBSISTEMA PENAL ORDINARIO
pies del nuevo proceso, inspirados en el modelo acusatorio, y concedía dos años para la
del código. El plazo no se respetó y fue prorrogado en varias ocasiones con
las leyes n. 199 de 5.5.1976, n. 309 de 23.5.1977 y n. 438 de 1.8.1978. Entre tanto, el
proyecto de código quedó efectivamente ultimado en noviembre de 1977 y acampañado,
el 20.10.1978, por un informe analítico de la Comisión consultiva y por dictámenes
de las Facultades italianas de derecho. A causa de su notoria oposición a las líneas
tendenciales entonces manifestadas por la legislación de emergencia contra el
terrorismo, el proyecto quedó nuevamente congelado, hasta ser arrastrado por la disolución
anticipada de las Cámaras. En la octava legislatura se reemprendieron cansinamente
los trabajos de Sísifo para la reforma; el 31.10.1979 el ministro Morlino
presentaba un nuevo proyecto de ley para renovar la delegación de 1974, al que él
mismo planteó el 21.2.1980 numerosas enmiendas (entre ellas, un insidioso punto
84 bis sobre .coordinación de la actuación de la delegación con los principios de la legislación
vigente relativa a la prevención y a la represión de la criminalidad terrorista
y organizadan) y que quedó aprobado el 15.7.1982 por la Comisión de Justicia de
la Cámara, para ser nuevamente archivado al terminar anticipadamente la legislatura.
En la novena legislatura, un nuevo proyecto de ley fue presentado por el ministro
Martinazzoli, aprobado por la Cámara el 18.7.1984, por el Senado, con modificaciones,
el 21.11.1986 y, definitivamente, por la Cámara el 27.1.1987. Finalmente -sobre
la base de la nueva y empeorada ley delegada n. 81 de 16.2.1987, articulada en 105
puntos- el proyecto preliminar del código, elaborado por una comisión ministerial presidida
por Giandomenico Pisapia, quedó aprobado por el Consejo de ministros el
22.9.1988. Modificado a instancia de dos dictámenes emitidos en mayo y julio por la
comisión parlamentaria presidida por Marcello Gallo, y definitivamente aprobado
por el D.P.R. n. 447 de 22.9.1988, se publicó en la Gazzetta Ufficiale de 24.10.1988,
que fijó su entrada en vigor el 24.10.1989.
7. Sobre la denominada «suplencia» de los jueces respecto a los demás poderes
del estado y sobre sus efectos distorsionadores para el sistema político, existe hoy una
riquísima literatura. Me limitaré a recordar: S. Rodoti, Alla ricerca della liberta, 11
Mulino, Bolonia, 1978, pp. 255 SS.; D. Pulitano, Supplenza giudiziaria e poteri dello
stato, en ~Quaderni costituzionali~~, 1, 1983; Id., La giustizia penale nella crisi: ragioni
e rischi della tutela autoritaria, en Funzioni e limiti del diritto penale, cit., pp. 193 SS.;
C. Viazzi, La magistratura, i poteri: alcune riflessioni, en Poteri e giurisdizione. Atti del
VI Congresso nazionale di Magistratura Democratica, Jovene, Nápoles, 1985, pp.
295 SS.; R. Rossanda, Conflitti sociali, supplenza giudiziaria e necessita di sedi 'politiche'
per la loro mediazione, ibid., pp. 399 SS.
8. Sobre la constitucionalidad de los decretos-ley y de los decretos legislativos en
materia penal, véanse las dudas planteadas por F. Bricola, Teoria, cit., pp. 40-41, y aún
antes por G. Carboni, L'inosservanza dei provvedirnenti dell'autorrta, Giuffrk, Milán,
1970, pp. 256-263; Id., Una tendenza preoccupante: ripetutamente violato da1 Governo
e da1 Parlamento il principio di riserva di legge in materia penale, en ~Rivista italiana di
Diritto e Procedura penale>,, 1972, pp. 248 SS. Por el contrario, están completamente
convencidos de la constitucionalidad G. Pagliaro, Legge penale, cit., pp. 1042-1043, que
por lo demás llega a admitir como fuentes legítimas del derecho penal los .decretos gubernativos
en tiempo de guerra. y los .bandos militares. cuando concurra la situación
indicada por el art. 78 de la Constitución, y, en caso de guerra imprevista, aunque no
concurra tal situación en base al principio necessitas legem non habet, cuya total incompatibilidad
con el estado de derecho analizaremos en los capítulos que siguen; y
F. C. Palazzo, La recente legislazione penale (1980), Cedam, Padua, 31985, p. 348, que
al menos niega que el presupuesto constitucional de necesidad y urgencia hubiera concurrido
en la mayor parte de los decretos-ley recientemente aprobados en materia penal.